Inhabilidad enredaría dirección del Parque Arví

Antioquia

Una inhabilidad ratificada en segunda instancia por la Procuraduría General de la Nación enredaría la permanencia de Juan Valdés en la dirección ejecutiva de la Corporación Arví.

La discusión jurídica surge teniendo en cuenta que la Corporación es una entidad descentralizada y hace parte del conglomerado de Medellín, al recibir recursos públicos, su director no podría firmar contratación de la entidad con el Estado.

Valdés asumió el cargo en la Corporación hace pocos menos de dos meses y aunque su inhabilidad fue ratificada en segunda instancia en octubre de 2022, solo hasta el 6 de diciembre del año pasado quedó en firme y por 10 años.

La conducta por la que fue inhabilitado tiene que ver con las denuncias de una funcionaria del Sena en su contra cuando fue director de la entidad en el año 2015, por acoso y persecución laboral.

El hecho lo dio a conocer la misma afectada, que aseguró que Valdés utilizaba expresiones irrespetuosas en las que descalificaba su trabajo de manera reiterada y que según la denuncia, la llevó a renunciar a su cargo y solicitar el traslado a otra dependencia del SENA.

Algunos abogados advierten que está situación no permite que el señor Valdés se mantenga en el cargo.

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En diálogo con Caracol Radio, Juan Manuel Valdés habló sobre su vinculación al Arví y sobre su inhabilidad para contratar con el Estado.

Con respecto a su vinculación explicó que no fue nombrado por decreto distrital sino que tiene un contrato a término indefinido y que por eso, con el cargo que ocupa no se está violando ninguna norma estatal.

“Es una Corporación y yo tengo un contrato individual de trabajo a término indefinido, pero no soy solo yo sino la mayoría de los empleados, habrá algunos otros que tengan otro tipo de vinculación, pero la mayoría estamos a la luz del derecho privado”, expresó el señor Valdés.

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Sobre la inhabilidad aseguró que todavía está esperando que un juez de la república le resuelva una acción de tutela que interpuso en diciembre de 2022 contra el fallo y que además le queda el recurso de acudir al Consejo de Estado para revertir la decisión de segunda instancia del ministerio público.

“La Procuraduría me impuso una sanción y yo estoy acudiendo a toda mi legítima defensa porque todavía tengo garantías. Estoy esperando el fallo de tutela que me puede ser favorable o no y también puedo ir al Consejo de Estado”, finalizó el funcionario.

Finalmente reiteró que de acuerdo con el concepto jurídico que recibieron de la firma de abogados Lawyer Company, no está inhabilitado para ejercer como Director Ejecutivo sino para contratar por Ley 80 y la delegación de la contratación está permitida en los Estatutos de la Corporación y en el Manual de Contratación.