Gobierno: “No hay prueba de que Fuerza Militares vulneren la protesta”
Presidencia y MinDefensa impugnaron el fallo del Consejo de Estado que suspende la asistencia militar en el paro.
Imagen de referencia.(Cortesía: Camila Díaz, Colprensa.)
El Consejo de Estado ya recibió el recurso de impugnación de la Presidencia de la República y los Ministerios de Defensa y del Interior, en donde piden revocar la decisión de la Sección Cuarta del alto tribunal que tumbó, de manera temporal, el decreto 575 que permitía la asistencia militar en la protesta social.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia asegura, en un documento de 28 páginas, que no existe registro de un solo caso en el que algún miembro de las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea o Armada Nacional) “haya sufrido el más mínimo inconveniente con algún manifestante pacífico”.
Por lo anterior, defiende la asistencia militar al decir que no fue activada como instrumento de reprimir la protesta social pacífica sino al contrario, que “gracias al apoyo militar, la Policía Nacional ha logrado despejar los bloqueos y permitido la reactivación del flujo de personas, bienes y servicios en todo el país”.
En el mismo sentido va la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa. Indica que “no se allega prueba alguna que permita siquiera deducir que la Asistencia Militar que es prestada por las Fuerzas Militares haya consistido en actuaciones sistemáticas contra la protesta pacífica”.
Por lo tanto, según dijo, tal afirmación sin medios probatorios, “contraviene el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa”.
“No se indican las condiciones de tiempo, modo y lugar en que la Fuerza Pública haya desplegado las supuestas acciones en contra de quienes obran como accionantes en el proceso de tutela”, señala esa cartera.
El fallo favoreció una tutela que presentó un grupo de ciudadanos de Cali, que consideró que la respuesta de las fuerzas policiales y militares en las protestas ciudadanas estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada.
En su decisión, el Consejo de Estado advirtió que la asistencia militar no sería el medio idóneo para controlar la seguridad y la convivencia, ya que ese trabajo es de la Policía y no del Ejército.
