Justicia

Procuraduría General de la Nación

Corrupción en Programa de Alimentación Escolar de Santander y Putumayo

Procuraduría inhabilitó y sancionó con multa de $4.319 millones a representante legal de Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones

PAE

PAE / Getty Images

PAE SANTANDER

La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 20 y años a la representante legal, de Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, Luisa Fernanda Flórez, y la sancionó con una multa de 4 mil millones, por actos de corrupción en contratos del PAE por más de $23.800 millones, cuando se desempeñaba como operador del Programa de Alimentación Escolar de Santander en 2016.

La Procuraduría determinó la existencia de conductas penales relacionadas con falsedad material en documento público y privado, cometidas por Luisa Flórez cuando ejecutó el contrato suscrito con la Gobernación de Santander para la entrega del complemento alimentario a 100.000 estudiantes, lo que permitió que el propietario de la cooperativa, Germán Trujillo Manrique, se apropiara ilegalmente de $2.159´794.618 provenientes de recursos del Estado para operar el programa.

PAE PUTUMAYO

En un segundo fallo acerca de las irregularidades, la Unión Temporal Putumayo Somos Todos 2017, para el suministro del PAE, el ente de control sancionó con suspensión a dos secretarios de la Gobernación de Putumayo y el entonces jefe de la oficina de Contratación.

La Procuraduría impuso suspensión de 11 meses al entonces secretario de Educación del departamento y supervisor del contrato, Jorge Enrique Ferrín Dorado; de 10 meses a quien para la época se desempeñaba  como secretario de Servicios Administrativos, con funciones de gobernador de Putumayo, Óscar Darío Mallama Quetama (2017), y de 9 meses al exjefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano, ya que, asignaron puntuaciones a requisitos técnicos del Sistema Biométrico de Captura de Huella Dactilar de los niños beneficiarios, y a los exámenes microbiológicos para los alimentos suministrados, con lo que afectaron la participación plural de oferentes, y direccionaron la contratación estatal.


 

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