Jueces podrán decidir en qué casos ordenar tecnología de salud y pañales

El precedente de la Corte Constitucional se establece debido a que las EPS -en general- negaban el suministro de tecnología o la prestación de los servicios en salud debido a que los usuarios no contaban con una fórmula médica, la prescripción provenía de un médico externo a la red de la EPS, los servicios  solicitados no se encontraban en el antiguo Plan Obligatorio de Salud (en adelante “POS”) y no existía una petición formal ante la empresa prestadora de salud.

Por lo anterior, varios usuarios formularon una acción de tutela para que se amparara su derecho fundamental a la salud, vida digna y -en consecuencia- se ordenara la prestación del suministro o tecnología.

Algunos jueces de instancia declararon improcedentes las acciones de tutela, pues no había en el expediente una copia de una solicitud formal ante la EPS o no se encontraba una prescripción por parte del médico tratante de la red de la  misma.

Otros jueces de tutela negaron las acciones de tutela, porque consideraron que los servicios y tecnologías en salud requeridos no se encontraban en el POS.

Solo algunos jueces de tutela ampararon el derecho y ordenaron el suministro o la prestación del servicio o tecnología solicitado.

La Corte Constitucional procedió a estudiar los casos en concreto y pidió que, si los pacientes ya contaban con orden médica, tienen amparo para solicitar los servicios en salud que necesiten y también ordenó a las EPS que remitan a los pacientes al profesional tratante, para que éste les realice un examen médico y determine cuáles son los servicios y tecnologías en salud que requieren.

La Corte finalmente, quedó en establecer cuáles serán las reglas para que los jueces decidan en qué casos se pueden ordenar suministros de servicios, tecnología de salud y pañales