2020: 14 Líderes sociales asesinados en 13 días
La mayoría adelantaba su labor en la sustitución de cultivos ilícitos.
En los 13 primeros días de 2020 han asesinado en Colombia a 14 líderes sociales. Ellos son:
Carlos Cardona, líder social en el campo de la salud, recién nombrado subgerente administrativo del hospital San Juan de Dios en Ituango, Antioquia fue asesinado el 2 de enero; Cristian Caicedo (22) años, asesinado en Guapi, Cauca, el 3 de enero, apoyaba labores de la organización Cococauca, Gloria Ocampo, lideresa social de (37), fue asesinada en la Estrella, vereda del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, el 7 de enero;Virginia Silva, (71), asesinada en Páez, Cauca, el 7 de enero; Carlos Quintero, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el 8 de enero; Emilio Campaña, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el 8 de enero; Mireya Hernández, asesinada en Algeciras, Huila, el 8 de enero. Anuar Rojas, (29) asesinado en Chocó, el 9 de enero; Óscar Quintero, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el 8 de enero; Gentil Hernández, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el 8 de enero; Amparo Gegía líder indígena, Algeciras Huila, 10 Enero; Henry Cuello, Chiruguaná César, 10 de enero, John Fredy Álvarez, asesinado en Huila, el 11 de enero; Cesar Tulio Sandoval, (62), municipio de Tibu, Norte de Santander, asesinado el 12 de enero.
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Cinco en putumayo, tres en Huila, dos en cauca, y uno en Antioquia, Cesar, Chocó y Norte de Santander. Estos 14 líderes sociales fueron asesinados con arma de fuego, abordados en sus casas o camino a ella.
La mayoría de ellos estaban dedicados a las labores de sustitución de cultivos ilícitos y esta sería la razón de su asesinato
Esta política de sustitución tiene en riesgo a las comunidades que están bajo la presión de disidencias de las FARC, paramilitares y el ELN y para el exministro Guillermo Rivera no se se está aplicando la protección colectiva acordada en los acuerdos de paz.
Precisamente el Gobierno lanzará en los próximos días una nueva estrategia para blindar a los líderes desde los territorios y garantizar la labor de la sustitución de cultivos ilícitos, en que están trabajando más de 99.000 Familias y se han sustituido alrededor de 41.000 hectáreas.
