CIDH pide al Gobierno acelerar la implementación de los Acuerdos de Paz
Esto se debe ante el alto número de líderes sociales asesinados en Colombia.
CIDH pide al Gobierno acelerar la implementación de los Acuerdos de Paz / Colprensa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, presentó un informe de 83 páginas en el que le recomiendo al gobierno de Iván Duque acelerar la implementación del Acuerdo de Paz ante el incremento de asesinatos de líderes sociales en el país.
El informe titulado “la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, pide también “Continuar adoptando medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales de los crímenes”.
El documento resalta que entre el 1 de enero de 2016 hasta noviembre de 2019, se hayan registrado 232 asesinatos en el país, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además, advierte que a partir del 2017, cuando Colombia registró la tasa general de homicidios más baja en los últimos 30 años, se evidenció un aumento significativo y alarmante en el número de asesinatos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país. Al respecto, se ha identifica un incremento del 13% en los asesinatos de personas 6 defensoras entre el 2018 y 2019.
Adicionalmente, informe desarrolla las cinco principales obligaciones internacionales del Estado respecto de las personas defensoras de derechos humanos. Estas son:
1. La obligación de asegurar las condiciones para que las personas defensoras realicen sus actividades libremente
2. El deber de no impedir el trabajo y resolver obstáculos existentes a la labor de las personas defensoras.
3. La obligación de evitar y responder a la criminalización de las personas defensoras.
4. La obligación de proteger a las personas defensoras en riesgo.
5. La obligación de investigar, esclarecer, enjuiciar y sancionar los delitos cometidos en contra de las personas defensoras.
