ONU cierra filas en defensa de paz en Colombia ante intentos de reforma

Michelle Bachelet cerró filas el jueves en torno a defensa del acuerdo que permitió terminar con más de medio siglo de lucha armada de la guerrilla.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos /

La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos advirtió que "no puede haber marcha atrás" en el pacto de paz en Colombia y consideró que el gobierno, resuelto a modificar el acuerdo que desarmó a las FARC, tiene la "responsabilidad histórica" de implementar los compromisos.

"El gobierno actual tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del acuerdo de paz", declaró Alberto Brunori. "No puede haber marcha atrás", enfatizó.

El presidente Iván Duque se propone modificar algunos aspectos del sistema de justicia pactado por su antecesor, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, y los rebeldes marxistas.

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Suscrito a finales de 2016, el pacto prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia.

"La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación sin delaciones del proyecto de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP)", añadió Brunori.

Cambios vitales 

Duque, que venía de cuestionar el trato indulgente a los rebeldes acusados de delitos atroces, anunció el domingo que objetará ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley que regula la JEP.

El sistema de justicia es considerado la columna vertebral del pacto negociado con las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convertidas en partido político.

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Asimismo, el gobernante anticipó que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar tres puntos del estatuto que dio origen a la justicia de paz y que fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.

Las reformas anunciadas por el mandatario de derecha, que no cuenta con mayorías aseguradas en el Congreso para sacar adelante los cambios, apuntan principalmente a modificar el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido FARC.

Las partes habían acordado que ningún rebelde podría ser entregado a la justicia estadounidense por acciones cometidas antes de la firma de la paz, aunque quienes hayan incurrido en narcotráfico después de 1 de diciembre de 2016 enfrentarán una eventual extradición.

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El gobierno pretende, además, excluir de beneficios penales a responsables de delitos sexuales contra menores cometidos en el marco del conflicto y a quienes reincidan en actividades criminales.

Respaldado por la ONU, el pacto de paz condujo al desarme de unos 7.000 combatientes y ha evitado la muerte de unas 3.000 personas al año. Los máximos responsables de la exguerrilla comenzaron a comparecer ante el tribunal de paz.

"Si entre todos no somos capaces de dar a la JEP la autoridad, la independencia, la autonomía y las fuerzas necesarias para realizar su trabajo, las más perjudicadas serán las víctimas", aseguró la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, durante la presentación del informe.

Balance preocupante

En medio de la tensión generada por la propuesta de Duque, la oficina de la ONU describió como "preocupante" la situación de derechos humanos en Colombia.

El organismo hizo hincapié en asesinatos de activistas de derechos humanos, que según diversas fuentes oficiales y humanitarias se han incrementado desde la firma de la paz.

Algunos de los casos están vinculados con "sustanciales retrasos en la implementación" de los acuerdos relacionados con reforma rural y sustitución de narcocultivos, señaló Naciones Unidas.

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"Hoy hemos documentado tres casos más, subiendo a 113 el número de homicidios en 2018", declaró Brunori.

El 93% de los homicidios ocurrieron en zonas rurales y el 27% de las víctimas eran indígenas (18) o negros (12).

Según la ONU, detrás de los crímenes están grupos guerrilleros o de origen paramilitar, y en menor medida la fuerza pública.

El organismo también exhortó a la justicia de paz a esclarecer y reducir la impunidad en torno a los asesinatos de civiles a manos de militares que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate.

"La fiscalía identificó un total de 2.248 víctimas de ejecuciones registradas como bajas en combate entre 1988 y 2014, observándose una mayor incidencia entre 2006 y 2008", cuando estaba en el poder el exmandatario y actual senador Álvaro Uribe (2002-2010), padrino político de Duque, anotó la ONU.

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