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FF.MM. no pueden aceptar secuestro y narcotráfico conexos a delito político

El jefe de Estado Iván Duque, dio la primera orden a las Fuerzas Militares durante el reconocimiento de tropas al nuevo ministro de Defensa.

El presidente Iván Duque convocó a las Fuerzas Militares y de Policía a suscribir un pacto de legalidad en el que fijó la primera línea de lo que anticipó en su discurso de posesión frente a delitos conexos al político. 

“Las Fuerzas Militares bajo ninguna circunstancia pueden aceptar que en este país el secuestro, la extorsión y el narcotráfico sean considerados delitos conexos al delito político o mecanismos para promover y ocultar la rebelión, para que quede claro que partir de este momento que nunca más estos delitos podrán ser empleados por nadie para ganar algún tipo de atribución política”, dijo Duque. 

El mandatario agregó que las “Fuerzas Militares y de Policía deben garantizar en todo el territorio la defensa, de la vida , la honra y los bienes de los ciudadanos”. 

Mientras que el  nuevo ministro de Defensa Guillermo Botero, en su reconocimiento a las tropas, en el campo de paradas de la escuela Militar José María Córdova, trazó las líneas sobre las cuales se deben regir las Fuerzas Armadas durante el gobierno del presidente Iván Duque. 

Dijo que estas tropas deben dar prontos resultados sobre su lucha contra el crimen organizado en el país, que se deben centrar en atacar a las disidencias de las Farc que va en aumento y se comprometió a reducir notablemente las 209.000 hectáreas de cultivos ilícitos. 

Así mismo hizo un llamado a los desmovilizados de las Farc, a quienes les dijo que los soldados y policías les garantizarán la seguridad "Queremos que se reintegran a la sociedad y que rompan el vínculo con la ilegalidad". 

Además indicó que en este gobierno "se va recuperar el ímpetu y la voluntad de lucha" , así como que este no será "un gobierno de ambigüedades, ni tampoco un medio para respaldar el terrorismo como acción política". 

Agregó el ministro que también se trabajará profundamente con la fuerza pública para garantizar la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, así como velar por la integridad del periodismo que se ha visto afectado por criminales a través de amenazas.

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