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Policía espera dictamen sobre licitación para erradicación forzosa

El costo del contrato es cercano a los 6.000 millones de pesos y tiene vigencia hasta octubre de este año.

Policía espera dictamen sobre licitación para erradicación forzosa

Policía espera dictamen sobre licitación para erradicación forzosa(Colprensa)

Colombia

Caracol Radio conoció las denuncias sobre supuestas irregularidades que se habrían presentado en la licitación para contratar los servicios de alojamiento y alimentación para el personal de la policía antinarcóticos que apoya las operaciones de erradicación forzosa en el país.

La denuncia, que fue presentada ante los organismos de control, fue interpuesta por el consorcio Unión Temporal Interservicios, Diran, que dice que la plataforma electrónica habilitada para pujar por la licitación presentó fallas, favoreciendo al consorcio ganador.

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Ante los graves señalamientos Caracol Radio consultó con fuentes de la Policía Antinarcóticos, quienes indicaron que el proceso se hizo ajustado a la ley, cumpliendo las normas de contratación y que si hubo fallas en la plataforma electrónica no son de resorte de la institución.

“El proceso se adelantó por medio de la Plataforma Colombia Compra Eficiente, luego de una orden del Ministerio de Defensa de adjudicar por este medio las licitaciones y donde la policía no tiene nada que ver con este sistema (…) Sin embargo, en aras de la transparencia del proceso luego de conocer la denuncia sobre las supuestas fallas, le solicitamos a Colombia Compra Eficiente que nos informe si es cierto que esas fallas se presentaron el día de la subasta, mientras nos dan respuesta el contrato no ha sido adjudicado”, explicaron fuentes de la Policía Antinarcóticos.

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De igual manera la Policía informó que trasladó a la Superintendencia de Industria y Comercio documentos que demostrarían una posible falta de la Unión Temporal Interservicios, que al parecer habría intentado presentar dos consorcios, de cada uno de los cuales serían representantes legales padre e hija, situación que está prohibida por la ley que rige la contratación pública  colombiana.

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