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Asesinato de líderes sociales

UNP: Hay 143.000 solicitudes de protección para líderes sociales desde 2015

El martes se reunirá la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para evaluar la escalada de asesinatos a defensores de DD.HH.

En diálogo con Caracol Radio el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora entregó detalles de las medidas de protección que se vienen brindado a líderes sociales en el país, en momentos en que continúan los asesinatos a defensores de derechos humanos en diferentes zonas del territorio nacional.

Según explicó, se han recibido más de 143.000 requerimientos de protección en los últimos 3 años, por diferentes factores que han sido evaluados y han llevado a que a la fecha cerca de 5.000 líderes sociales tengan alguna medida para garantizar su seguridad.

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“En el año 2015 recibimos en la Coordinación de Solicitudes de Protección 25.000 solicitudes; en el 2016, 45.000 solicitudes; en el 2017, 48.000 solicitudes y en lo que va corrido del año vamos acercándonos a las 25.000 solicitudes”, precisó.

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Frente al reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el asesinato de 311 líderes sociales desde el 2016 y de cara a la reunión que fue convocada por el propio presidente, Juan Manuel Santos para el próximo martes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, señaló la necesidad de evaluar la situación y tomar nuevas acciones.

“La preocupación es que todos los días aumentan sustancialmente las medidas individuales, pero esto no es suficiente para poder garantizar que no van a morir más lideres sociales en el territorio”, manifestó.

Frente a la cifra reportada por la defensoría, afirmó que, “la gran mayoría de lideres asesinados nunca habían reportado una amenaza o nunca habían solicitado una medida de protección individual, ni tenían un rastreo por parte de alguna de las entidades encargadas”.

Según las cifras de la UNP, de los 33 líderes que han sido asesinados en lo corrido de este 2018, solo una había reportado las amenazas, dos días antes de que ocurriera el homicidio.

En el 2017 de los 84 asesinatos certificados habían 6 personas en el registro de la Unidad, 4 de ellos con medidas de protección con apoyos de reubicación, que regresaron a la zona sin reportar a las autoridades.

Sobre los señalamientos de algunos sectores políticos sobre una sistematicidad en los casos, afirma Mora que observan desde la Unidad como lo ha dicho la Fiscalía, “que estos asesinatos son multicausales, quiere decir que hay una cantidad de factores que incluyen en estos asesinatos a lideres sociales”.

Explicó que hay particularidades de pendiendo de la zona, “en el Pacífico Nariñense hay problemática de narcotráfico, enfrentamientos con la comunidad por que están a favor de la política de sustitución de cultivos o los acusan de entregar información a las autoridades”.

En el Norte del Cauca se presentan casos por minería ilegal, en el Bajo Cauca Antioqueño se relacionan con el narcotráfico y los cultivos ilícitos, así como en Catatumbo en Norte de Santander, mientras que en zonas Urabá tiene que ver con el tema también de reclamantes de tierras.

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