Solicitan a la CIDH medidas para frenar el asesinato de líderes sociales

El senador Iván Cepeda, el Representante Alirio Uribe y las organizaciones políticas y sociales: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Unión Patriotica (UP), Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular (CACEP), Marcha Patriótica (MAPA), y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola Y Marihuana (COCCAM), a través de una solicitud pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de Estados Americanos (CIDH), la aplicación de medidas cautelares de protección que garanticen el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos en Colombia, especialmente en las zonas del país más afectadas por el conflicto armado.

De acuerdo con las organizaciones, la medida obedece a que 222 líderes, lideresas y defensores de DD.HH han sido asesinados tras la firma de paz en el Colón y denuncian constante intimidación, persecución y altos niveles de impunidad. Así mismo, argumentan que según la Defensoría del Pueblo, a pesar de reconocer la gravedad de la situación, el Estado ha sido incapaz de implementar políticas públicas para su protección.

Una de las peticiones a la CIDH es que se obligue al Estado “la implementación expedita y de manera concertada de medidas materiales de protección, y se nombre por parte de la Comisión un Relator Especial sobre la situación actual de derechos humanos de quienes firman esta petición”.

Adicionalmente, el documento detalla como los campesinos, cultivadores y recolectores con propuestas para la sustitución de cultivos ilícitos se han convertido en “carne de cañon”. En apenas mes y medio del 2018, han sido asesinados 8 voceros de sustitución voluntaria, algunos porque impulsaron la iniciativa y otros solo por el hecho de haberse inscrito en el programa y recibir apoyo estatal para proyectos productivos a largo plazo.