ONU denuncia aumento asesinatos de defensores de DD.HH. en Colombia

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) denunció hoy el aumento de ataques y asesinatos de activistas en el primer año de implementación de los acuerdos de paz. 

La Oficina del Alto Comisionado presentó hoy, durante la trigésimo séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su informe sobre la situación en Colombia.

"La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios", sostiene en el informe.

Según su recuento, en 2017 se registraron 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos, de los que 84 eran defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales.

El informe subraya que el 64 % de los asesinatos ocurrieron en las zonas más afectadas por el conflicto y en zonas con una presencia histórica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"El vacío de poder que dejaron las FARC después de su desmovilización, la falta de una presencia estatal integral y demoras en la implementación del acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia", denuncia el informe.

La OACNUDH puntualiza que varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas del acuerdo de paz, "lo cual constituye una nueva tendencia en los móviles de los asesinatos".

El informe también destaca que miembros de la Policía y el Ejército están siendo investigados por 14 asesinatos cometidos durante las protestas sociales.

Con respecto a la reintegración de excombatientes en las zonas rurales, la OACNUDH afirma que "es un gran desafío" debido a la pobreza multidimensional, el difícil acceso a la salud y a la educación, las economías ilícitas y la violencia endémica en el 96 % de las áreas cercanas a las Zonas.

En este sentido, destaca que la Defensoría del Pueblo señaló que, al 25 de octubre, 800 excombatientes de las FARC, aproximadamente el 11 %, habían formado o habían ingresado a otro grupo armado ilegal o criminal.

Otro aspecto que denuncia la Oficina del Alto Comisionado "son los planes desarrollados por las Fuerzas Armadas que justifican su participación activa en las tareas de seguridad ciudadana", y recuerda que no deberían ser su ámbito de actuación.

Subraya además que "cinco presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas en el marco de operaciones de seguridad ciudadana realizadas por las fuerzas militares, lo que demuestra los riesgos de involucrar a los militares en tareas policiales".

Además, la OACNUDH censura la concesión por parte del Congreso de amnistías, indultos y tratamientos penales especiales a exmiembros de las FARC y a militares colombianos condenados o acusados de graves violaciones de derechos humanos.

Además, le preocupa la impunidad selectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.

"La OACNUDH observó que oficiales de alto rango en la cadena de mando, incluyendo algunos actualmente investigados por varios casos de 'falsos positivos', fueron ascendidos en los últimos dos años, en vez de haber sido sometidos a un proceso de depuración", señala el informe.