Corte ordena que hagan estudios para identificar a la población campesina

La Corte Suprema de Justicia revisó una tutela que interpusieron 1770 campesinos y campesinas con ánimo de que se incluyeran siete preguntas específicas para poder delimitar su población.

Las preguntas se relacionan con el autoreconocimiento, la relación que tiene el campesino o campesina con la tierra en la que habita, el tipo de actividades, propias de la vida campesina, el origen de su conocimiento de las labores y oficio campesino, el tipo de mercado al que dirige su producción agraria, la pertenencia a algún tipo de asociación o forma organizativa de tipo campesino, y la victimización o no del sujeto campesino como parte del conflicto armado, y sus efectos.

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Sin embargo, a la petición de incluir esas preguntas en el Censo Nacional que actualmente se adelanta, el DANE respondió que se podían obtener los datos del Censo Agropecuario de 2014, aunque no se podía dar respuesta al autoreconocimiento.

Ante las negativas, los diferentes sectores acudieron a la Corte Suprema y argumentando que los datos estadísticos de ese censo no eran suficientes para “reflejar la totalidad ni complejidad de la vida campesina”, solicitaron que se ordenara su inclusión en el nuevo censo.

La Corte revisó y determinó que no es la tutela el mecanismo para exigir dicha inclusión, pero además, consideró el alto costo que implica ordenar que se detenga el actual censo para incluir su categoría específica.

Pero determinó que el Gobierno, el DANE, el Ministerio del Interior y el de Agricultura, “Deben elaborar estudios complementarios al Censo Agropecuario de 2014 y al Censo Poblacional de 2018 que permitan delimitar a profundidad el concepto ‘campesino’, contabilizar a los ciudadanos que integran ese grupo poblacional y además, que en cabeza del grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior se identifique la situación actual de esta población”.

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