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En Colombia cerca del 80% del fraude que se realiza son con tarjetas de crédito: Asobancaria

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, reconoce que el reto para que estas transacciones se incrementen a futuro debe tener una confianza entre los actores.

En Colombia la utilización de los mecanismos electrónicos para la realización de transacciones económicas, es decir las realizadas en canales no presenciales, crecieron según cifras de Asobancaria y la Superintendencia Financiera en un 60% entre el 2013 y 2016 y con un monto transado del 30%.

"Son el pagador y el beneficiario del pago deben tener la tranquilidad de que su operación es realizada de una manera adecuada y además el mecanismo que utiliza es seguro y sólo de esta manera, lo utilizará por primera vez y lo seguirá utilizando en el futuro", afirmó Castro.

Reconoció que la tarea no es sencilla porque en la actualidad cerca del 80% del fraude se realiza con tarjetas de crédito. O a través de canales no presenciales, Internet o teléfono y recordó que el 2014, el 70% se materializaba por medio de canales como datafonos.

Dijo que para contrarrestar este flagela es necesario avanzar en los procesos de judicialización de los delitos informáticas, porque si los delincuentes perciben que no van a obtener castigos por parte de la justicia, aumentan los incentivos para continuar atacando cada vez más. ´

Por tal motivo Santiago Castro, puso sobre la mesa tres puntos fundamentales como son: en primer lugar es esencial el fortalecimiento de las capacidades de las Instituciones que se encargan de la investigación y judicialización de estas conductas criminales. En segundo lugar, la cooperación y la articulación del sector privado y de las autoridades, para implementar acciones oportunas que enfrenten efectivamente las realidades del ciberdelito y para considerar un sistema legal que permita luchar contra el sibercrimen, es necesario fortalecer la cooperación internacional.

Sobre este último punto manifestó, que ya se encuentra para segundo debate la discusión del Proyecto de Ley que adhiere a Colombia al Convenio de Budapest mediante el cual se creó el único marco existente para aplicar una política penal común para proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia.

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