‘Dedazo’ billonario en el Ministerio de Agricultura

Colombia

Caracol Radio conoció la manera como en el Ministerio de Agricultura estarían entregando contratos, mayoritariamente de forma directa, a muchas personas y entidades sin requisitos ni experiencia y con millonarias adiciones sin fundamentos claros, por un valor que alcanza en dos años la suma de $3.1 billones.

La contratación directa no constituye en sí misma un delito, pero sí muestra otro tipo de irregularidades, como la falta de planeación del gasto. El avance de las indagaciones de las entidades de control mostrará si, además, hubo algún tipo de delito por esas acciones.

Esta situación, confirmó también Caracol Radio, estarían sucediendo, al menos, desde el año 2015, es decir durante la administración del ministro Aurelio Iragorri, quien asumió la cartera el 19 de agosto de 2014. De ellas ya tienen conocimiento en la Fiscalía General y en la Procuraduría General, entidades que avanzan en sus respectivas indagaciones, para determinar si existen responsabilidades penales y disciplinarias.

La principal preocupación tiene que ver con que el ministerio decida un alto porcentaje de su contratación de manera directa, es decir, haciendo uso del ‘dedazo’.

En efecto, en 2015 la contratación directa fue el método que comprometió el 93,97% de los recursos del ministerio, es decir $1 billón 731.000 millones. En la siguiente vigencia la contratación directa ascendió al billón 402.000 millones (91,51%), de manera que en esos dos años se acumula un total de $3 billones 133.000 millones, que equivalen al 92,85% de la contratación total.

Caracol Radio revisó, además, los contratos que la entidad ha otorgado en 2017 y que tiene publicados en el Servicio Electrónico de Contratación Pública. De 22 publicados (por más de 159.000 millones de pesos), más del 81% fueron entregados en la modalidad de contratación directa, que suman un poco más de $145.000 millones. (1. Ver contratos 2017).

Sobre esto, Iragorri explicó a Caracol Radio que el Ministerio intenta llegar a todas las regiones del país y ha funcionado por procesos de asociación, razones por las que la contratación directa se hace necesaria en muchos casos.

“Digamos, si voy a presentar un proyecto de yuca en Sucre y el proyecto lo presenta la asociación de campesinos yuqueros, yo no puedo hacer una licitación para ver quién siembra la yuca en Sucre sino que toca con ellos”, explicó.

Y añadió: “Hay una contratación grande con federaciones y agremiaciones, porque así era la manera de llegarle a la gente”. Cuando se le preguntó sobre si más del 90 % de la contratación es directa, aseguró que no tiene la cifra muy clara y la revisará.

Sobre los contratistas

Otras preocupaciones encontradas en la investigación de Caracol Radio son la eliminación de obligaciones a contratistas del Ministerio cuando se realizan adendas o prórrogas a los contratos originales; falta de idoneidad de las empresas contratistas; indefinición o mala definición de la población beneficiaria; generalidades en los objetos contractuales, particularmente bajo la denominación “Articular y aunar esfuerzos”, y debilidades o inexistencia de supervisión sobre los contratantes.

Es importante tener en cuenta que la misma Auditoría General ha alertado sobre empresas no idóneas que buscan quedarse con la contratación en el país y que, como modus operandi, se habilitan en múltiples objetos o se unen a otras firmas o personas para poder ganar más licitaciones. La mayoría de estas empresas cuestionadas, expertas sobre todo en infraestructura, han terminado, curiosamente, con millonarios contratos en el sector agropecuario.

Además la ONG Transparencia por Colombia, en su informe del año pasado, señaló como las entidades con mayor riesgo de corrupción son aquellas en que prima la contratación directa. En ese grupo, incluyó al Ministerio de Agricultura.

Sobre casos particulares conocidos por Caracol Radio, el ministro Iragorri aseguró que no tiene la información contratista por contratista. Sin embargo, aseguró que está dispuesto a estudiar todas las denuncias y aseguró que en el proceso de contratación se establecieron unas mesas para garantizar transparencia.

“Yo establecí una mesa técnica, una mesa administrativa, comités de seguimiento, interventores para cada proyecto. Y el que no cumplió dentro de ese marco de ejecución –pues hay unos que no cumplen-, pues el que no cumplió se va a posible incumplimiento o le hice efectivas las pólizas”

Iragorri contó que en la Cumbre Agraria, por ejemplo, hubo uno que no cumplió y “no solamente hice efectiva la póliza y lo mandé a incumplimiento, sino que lo denuncié en la Fiscalía”

Algunos contratistas

El Ministerio de Agricultura entregó, en marzo de 2016, un contrato por $18.000 millones a la Fundación para la Prosperidad de las Comunidades más Vulnerables (Funproscom), una entidad que se constituyó inicialmente para prestar servicios y soporte en el sector de la salud (2. Ver contrato Fundación). Fue el 07 de mayo de 2014 que cambió el nombre de Fundación Salud Plus, por el de Funproscom. (3. Ver certificado de cámara de comercio)

Esta firma, además, no habría cumplido el objeto del contrato a cabalidad. Una de las obligaciones que no se ejecutó sería la entrega de 3.600 paquetes de dotación “para el fortalecimiento en buenas prácticas agrícolas”. De eso queda constancia en un documento del Ministerio de Agricultura de diciembre del año pasado, donde dice que “esa actividad actualmente no se encuentra en ejecución”, tiempo en el que el contrato ya estaba por terminar, pues su duración era de ocho meses. (4. Ver documento Funproscom - Kits).

También está el contratista Agencia de Desarrollo Local, de Nariño, que tuvo un contrato con el Ministerio de Agricultura por $4.945 millones (5. Ver contrato Agencia). Mientras que inicialmente debía construir 380 beneficiaderos de Café, luego la obligación se redujo a 350. Sin embargo, el monto no se cambió. (6. Ver prórroga Agencia).

Esa firma además habría contratado en noviembre de 2015 al ingeniero agrónomo Elier Fredy Burbano Daza para que coordinara el proyecto en municipios como Taminango, que para el 2015 era candidato a la Alcaldía de ese municipio. A esta misma persona le suscribieron algunos contratos por más de $1.200 millones para el proyecto, dos fueron directamente con él y los demás a través de su Fundación Integral para el Desarrollo.

Fueron unos contratos cuestionados, sobre todo porque Burbano estaba en época de campaña. De los contratos que tuvo Burbano también quedó constancia en un documento que respondió el Ministerio de Agricultura. (7. Ver respuesta sobre contratistas).

Está además el convenio 0320 con la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas (Unaga), que obtuvo un contrato para “Articular esfuerzos técnicos…” por $4.250 millones. El contrato con Unaga recibió dos adiciones sin que se le haya especificado las obligaciones a la Unión Nacional y, además, se modificaron las obligaciones.

La primera adición por $1.500 millones se hizo, por ejemplo, porque Unaga se comprometió a transferir 1.300 embriones de alto valor genético, sin garantizar la “preñez”, es decir, sin garantizar que iban a funcionar (8. Ver Unaga primera adición). Aunque por esa razón se hizo la adición, la obligación de 1.300 embriones se redujo a 1.000 en la segunda adición sin especificar razón alguna. (9. Ver Unaga segunda adición).

El Ministerio tuvo además un contrato con la Corporación Multiactiva Emprender por $4.927 millones, con el objeto de “Articular esfuerzos técnicos…”. Fue contratada para temas agropecuarios, aun cuando su experiencia no ha estado en el sector, pues sus actividades económicas van desde la construcción de edificios hasta el asesoramiento de la población juvenil, elaboración de prendas de vestir, entre muchos otros. (10. Ver Cámara de Comercio Multiactiva Emprender).

Esto ocasionó que, después de que transcurriera el 76 % del plazo, la organización dijera que no fue posible cumplir con la implementación de galpones, la adquisición de gallinas ponedoras y el mantenimiento de cultivos de plátano y cacao. El contrato tuvo que ser liquidado. (11. Ver acta liquidación Multiactiva).

Lo mismo ocurrió con la Fundación Milagros, que tuvo un contrato en septiembre de 2015 por $5.610 millones con el objeto de “Articular esfuerzos técnicos…” y que tendría una duración hasta el 30 de diciembre de ese mismo año (12. Ver contrato Fundación Milagros). La empresa no tenía mayor experiencia y cuando había transcurrido el 90% del plazo de ejecución, pidió la terminación del contrato sin haber cumplido las obligaciones. La firma argumentó que se vieron afectados, entre otros, por “factores climáticos”. (13. Ver acta liquidación Fundación Milagros).

A esta lista se suma la Fundación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (Funsec), que tuvo un contrato por $1.690 millones, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos…” (14. Ver contrato Funsec). Aunque al principio tenía entre sus obligaciones dar 108 capacitaciones, luego se modificó su responsabilidad a 75. (15. Ver prorroga Funsec).

Ese convenio se firmó el 4 de noviembre de 2016 y tenía un plazo de 57 días. Luego, el 30 de diciembre, se firmó un prorroga por 120 días. La firma tiene como actividades desde “comercio al por mayor de materias primas agropecuarias” hasta comercio de “libros, periódicos…”.

Por último, el Ministerio de Agricultura suscribió, en julio de 2015, un convenio con la Corporación Red País Rural con el objetivo de “Articular esfuerzos técnicos…” que tenía un plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, los plazos no se cumplieron y la cartera concedió una prórroga hasta el 15 de marzo de 2016.

La empresa, al final, nunca cumplió sus obligaciones y el Ministerio de Agricultura interpuso una denuncia penal por el incumplimiento contractual el 31 de marzo de 2016 ante la Fiscalía General.