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Poder & Política

La Defensoría del Pueblo

La institución del Estado colombiano tiene tres labores fundamentales en el postconflicto.

Como nunca antes la Defensoría del Pueblo en Colombia será de máxima importancia. Esta institución tendrá varios papeles claves en el postconflicto y la información que ella generé será herramienta fundamental para la toma de decisiones en emergencia ante situación de riesgo en materia de seguridad. Se podría decir que tres son las labores fundamentales de la Defensoría en el postconflicto.

Por un lado, el Sistema de Alertas Tempranas deberá ajustarse, mejorarse para que logré realizar una veeduría en terreno, sobre todo, ante incursiones de otras estructuras criminales en los territorios donde antes operaban las FARC. Igualmente ante factores de disidencia de las FARC o ante conductas no ajustadas a derecho de las Fuerzas Militares. Las FARC operan en algo más de 200 municipios, de los cuales en 112 tienen una presencia determinante en las vidas de las comunidades. Luego de la firma las FARC dejaran casi la totalidad de esto municipios y se irán a 29 municipios, o mejor a unas veredas ubicadas en 29 municipios. Es decir, en cosa de tres o cuatro semanas las FARC dejarán libre cerca del 90% del territorio donde antes operaban. Es posible, que otras estructuras criminales intenten copar este territorio, que además está llenos de economías ilegales, de tal forma que las alertas tempranas podrán mitigar estas posibilidades. O mejor ante evidencia de incursiones el Estado puede tomar decisiones y evitar estas incursiones.

En segundo lugar, la Defensoría debe jugar un papel importante en los temas de monitoreo a los Derechos Humanos, que tal vez es la labor fundamental de dicha institución. Por ejemplo, alertar sobre asesinatos o amenazas de las minorías políticas que surjan del proceso de paz, para evitar situaciones como las de la Unión Patriótica o UP. Igualmente, hacer seguimiento a las conductas violatorias de los Derechos Humanos contra líderes de restitución de tierras u organizaciones de víctimas. Es decir, monitorear en todo el país el aumento o descenso de conductas violatorias a los DDHH más allá de los temas de seguridad.

Por último, la Defensoría debe prestar una especial atención sobre la marcha de diferentes instituciones y acciones que se crearan en el marco de los acuerdos de paz, para recomendar cambios o llamar la atención sobre problemas. Por ejemplo, en los temas de restitución de tierras, en los temas de verdad, o también en la atención a población víctima. Este papel debe ser muy importante, ya que, en un tiempo relativamente corto, de 5 a 6 años, se deben lograr números importantes en temas de reparación integral, en asuntos de establecer penas a responsables de crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. De tal forma que si estas instituciones no avanzan la Defensoría debe alertar sobre las causas que llevan a dicha parálisis institucional.

Todo esto permite pensar que el próximo Defensor del Pueblo es determinante para impulsar el éxito o fracaso en el postconflicto. El problema con todo esto es que en los últimos periodos la Defensoría se ha convertido en un baluarte burocrático y los partidos políticos se la disputan puesto a puesto. Obviamente esto ha llevado a que esta institución pierda relevancia en su papel en la sociedad.

Durante su último periodo se convirtió en un baluarte del Partido Liberal. Jorge Armado Otalora, recordado por el escándalo sexual en el que se vio envuelto, el cual, además, lo obligó a renunciar a su cargo, repartió las defensorías regionales a los caciques políticos. Lo cual la llevó a ser inoperante y a una parálisis en varias zonas del país. Volmar Pérez, el defensor del pueblo durante los gobiernos de Uribe, paso sin pena ni gloria por el cargo, Uribe lo colocó para que no hiciera nada, por ejemplo, guardó silencio ante los Falsos Positivos o ante las chuzadas del DAS. Esta vez se requiere una Defensoría activa en el territorio y sobre todo despolitizada.

El problema con todo esto, es que después del remesón ministerial de hace algunos meses, los partidos de la Unidad Nacional hicieron una huelga de grandes proporciones, el presidente Santos tomó la decisión de entregarle la Defensoría al Partido de la U. Edgardo Maya llegó a la contraloría a nombre del Partido Liberal. Néstor Humberto Martínez a nombre de Cambio Radical llegó a la Fiscalía y ahora la U reclama para ellos la Defensoría.

El seguro Defensor será Carlos Negret, Secretarío General del partido de la U, y reconocido político manzanillo. No tiene ni idea del cargo, pero cuenta con los votos y el aval de los partidos de la Unidad Nacional. Carlos, es hermano de Felipe Negret, quien es el Presidente de la Corporación Taurina de Bogotá.

Espero que tanto la Unidad Nacional como el presidente Santos recapaciten y elijan un defensor de cualidades para los retos que vienen. Por ejemplo Rodrigo Uprimny o José Manuel Cepeda serán personas capacitadas para este cargo.

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