Corte Constitucional lanzó SOS por desplazamiento forzado en Urabá

Como insuficiente calificó la Corte Constitucional el papel que ha realizado el Gobierno frente a la grave situación de desplazamiento forzado que se presenta en el país, pero especialmente el lamentable escenario que se está presentando en las regiones del Urabá, especialmente, antioqueño y chocoano y pacífico sur del departamento del Chocó.

“A la fecha, no se ha diseñado, y por ende implementado, ningún Plan Específico para la protección y atención de las comunidades chocoanas y antioqueñas. Por el contrario, como lo ha señalado la Contraloría General de la República, el informe del Gobierno Nacional permite observar que en cada vigencia se trabajó con municipios diferentes, lo cual indica una ausencia de procesos sostenidos” explicó.

En el documento conocido por Caracol Radio la corporación judicial criticó que a la fecha y siete años después no esté aun listo un plan estratégico de prevención, protección y atención a la población desplazada.

“Esta Corporación resaltó la necesidad de diseñar e implementar una perspectiva diferencial integral y transversal a toda la política pública de prevención, protección y atención a la población desplazada, que reconozca que este fenómeno afecta de forma distinta y agravada dichos grupos de la población desplazada” señala el auto firmado por el magistrado Luis Ernesto Vargas.

A su juicio es lamentable que la población afrodescendiente sigue siendo víctima del desplazamiento forzado, y sobre todo de los casos de violencia que se vive en sus territorios, como lo denunció la Defensoría del Pueblo, al indicar que los municipios del Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Riosucio y Carmen del Darién, han presentado situaciones críticas en materia de desplazamiento y crisis humanitarias.

“En el caso de las regiones del Urabá, especialmente, antioqueño y chocoano y pacífico sur del departamento del Chocó, se puede evidenciar un fuerte rezago en el cumplimiento de las órdenes y, en consecuencia, se observa que la población afrodescendiente de dichas zonas no sólo continúa siendo afectada de manera significativa por el desplazamiento forzado, sino que además, debido a la grave situación de violencia que se vive en sus territorios, el riesgo frente a nuevos hechos y posibles víctimas es crítico. Paralelamente, se identifica diferentes problemas en materia de prevención y protección, restitución de derechos territoriales, ayuda humanitaria a las comunidades que han sido desplazadas o afectadas en su movilidad y atención a población retornada, que actualmente inciden en el goce efectivo de los derechos de estas comunidades” agrega otra parte del documento.

Agregó que la situación es tan crítica que la Consejería Presidencial de Derechos Humanos reportó un total de 3.338 víctimas de desplazamiento forzado procedentes del Alto Baudó, lo cual posicionó a dicho territorio en el cuarto lugar dentro de los municipios con mayores niveles de desplazamiento.

“La Defensoría del Pueblo ha reportado amenazas en contra de la población desplazada, homicidios selectivos, restricciones a la movilidad de las comunidades, desplazamientos forzados, accidentes con minas antipersonales, reclutamiento forzado, violencia sexual y desaparición, especialmente producto de los intereses económicos ilegales en los territorios, aparentemente apalancados por grupos armados ilegales (Farc y Autodefensas Gaitanistas de Colombia)” señaló.

Por esta razón la corte solicitó a la unidad de victimas que en un máximo de 15 días entregue un informe detallado sobre los planes o estrategias que hayan implementado para solucionar esta problemática.

Situaciones que generan este desplazamiento

El primero de ellos está vinculado con la presencia y control, tanto territorial como poblacional, de los grupos armados ilegales con la finalidad de asegurar áreas estratégicas, de retaguardia y de implementación de economías ilegales.

En segundo término, producto de esta dinámica de confrontación, se han presentado combates con interposición de la población civil, señalamientos, amenazas, restricciones a la movilidad y desplazamientos forzados, hechos que han afectado particularmente a las comunidades ubicadas al occidente del río Atrato.

En tercera instancia, la Defensoría del Pueblo pone de presente las amenazas e intimidaciones que se han dirigido en contra de lideresas y líderes comunitarios que participan en los procesos de reclamación de derechos, especialmente de restitución y recuperación de tierras, así como en contra de las personas que deciden retornar a sus territorios. Amenazas que en siete oportunidades se han concretado en los homicidios de líderes y sus familiares.

Como un cuarto factor de riesgo, se ha señalado la injerencia permanente en los procesos internos de los Consejos Comunitarios por parte de particulares y presuntos despojadores, con el objetivo de impedir, dilatar o interferir con la restitución de tierras.