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La Corte advierte incumplimiento del Gobierno frente a crisis de salud en el Chocó

La Corporación Judicial aseguró que han sido pocos los avances pues continúa el manejo irregular de los recursos públicos del hospital.

En precarias condiciones de infraestructura se encuentra el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, Chocó, donde la Corte Constitucional adelantó una inspección judicial. /

El Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, entregó un nuevo informe del seguimiento hecho a las múltiples dificultades en materia de acceso a los servicios de salud que se presentan el Departamento del Chocó y el lamentable estado del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó.

Indicó el magistrado que debido a la negativa de las EPS a autorizar el transporte y viáticos de los familiares de los pacientes, así como a trasladar a las víctimas de accidentes de tránsito a centros médicos de mayor complejidad, fue que la Corte Constitucional decidió intervenir.

Señaló en el documento conocido por Caracol Radio que en su momento se impartieron una serie de órdenes tanto a las autoridades municipales como gubernamentales las cuales no han sido cumplidas en su totalidad por lo que llamó la atención sobre la falta real y fundamentada de propuestas para garantizar el derecho a la salud en esa región.

Expresó que entre el lapso de “tiempo transcurrido entre la primera voz de alerta por parte de este Tribunal y la presente providencia, así como las incipientes respuestas por parte de las obligadas por el Auto 413 de 2015, exigen de la Sala una supervisión más rigurosa (…) se alertará a los dirigentes de cada una de estas sobre la ausencia de resultados”.

Indicó que según las quejas recibidas aún persisten los problemas del manejo irregular de los recursos públicos del hospital, la escasez permanente de los medicamentos y de material médico-quirúrgico, así como el desconocimiento del plan de pagos de Caprecom EPS o de la entidad que asuma sus funciones en caso de liquidación relacionado con los excedentes de la operación de la ESE entre 2008 y 2013.

Por esta razón solicitó a la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez que en un máximo de 30 a 60 días desarrolle un programa de trabajo concertado con las autoridades públicas “con el fin de dar solución sistemática, completa, unificada y rigurosa a las necesidades del sistema de salud de los chocoanos, dando prioridad a la habilitación del hospital para que pueda prestar los servicios correspondientes al II nivel de atención”. 

Igualmente le solicitó que explique qué acciones ha tomado y que argumente el incumplimiento de las actividades “para superar la crisis en el sistema de salud chocoano”.

Finalmente solicitó al ministro de Salud y Protección Social y al Superintendente Nacional de Salud que en 30 días “definan e informen la inseguridad administrativa y jurídica por la suspensión temporal del interventor designado por la Superintendencia de Salud, ordenada por la Procuraduría General de la Nación; la ausencia de contratos vigentes para algunas especialidades; la falta de pago de salarios a profesionales de planta; la insuficiencia e inexistencia de la mayoría de medicamentos; la carencia de ambulancias medicalizadas que cubran las necesidades de la población; las falencias en la protección, custodia y archivo de las historias clínicas; y las pésimas condiciones de infraestructura”.

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