Reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón: Santos

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, pidió hoy perdón, a nombre del Estado, por los hechos del Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

Ese perdó lo pidió por las desapariciones forzadas de varios de quienes allí se encontraban cuando el palacio fue ocupado por el entonces grupo guerrillero M-19, por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, por la falta de determinación del paradero de la menos Ana Rosa Castiblanco Torres, por la detención y tortura de otras personas.

Este es el texto completo de las palabras del presidente Santos en el Palacio de Justicia

Colombia pasa por un momento histórico. La paz, que tanto hemos anhelado, por primera vez se vislumbra como posible, y no solo posible, sino cercana.

Pero este proceso de paz –ustedes lo saben– no lo hemos construido como un simple pacto entre Estado y guerrilla para terminar la guerra bajo determinadas condiciones. No.

Este proceso de paz tiene una característica muy especial, y es que hemos puesto en el centro de la solución del conflicto a las víctimas, a quienes sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias de este enfrentamiento absurdo.

Nuestra prioridad en cada acuerdo, en cada paso que damos, es que se garanticen –en la mayor medida posible– sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

De eso se trata –por ejemplo– la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyas bases anunciamos en La Habana el 23 de septiembre.

No se trata de una venganza de la sociedad, no se trata de una justicia centrada en el castigo y las penas, sino de una justicia que busca ante todo que se cumplan, que se garanticen, esos derechos fundamentales de las víctimas.

Porque entendemos y acompañamos su dolor. Por eso, reparar el daño que la guerra les ha causado y evitar que otros nuevos compatriotas se conviertan en nuevas víctimas es nuestro más firme propósito.

Ese es el anhelo de paz y de reconciliación que compartimos, y debe ser un clamor generalizado en nuestro país.

Hoy nos reunimos en el Palacio de Justicia, lugar insignia de nuestra institución judicial, con el fin de recordar uno de los capítulos más tristes y dolorosos de nuestra historia.

Aquí, hace 30 años, este edificio construido para impartir justicia fue escenario de horrores y atrocidades.

En un suceso que vivirá por siempre en la memoria de los colombianos, aquí se vivió la guerra misma… esa guerra de explosiones y ráfagas de fusil que solo parecía ocurrir en los noticieros, en lugares alejados de las ciudades.

Confluyeron las balas de la guerrilla del M-19 y la fuerza del Estado –ni más ni menos, el propio conflicto armado– en pleno centro de Bogotá.

Aquí se sacrificó a la Justicia y a sus más altos magistrados, además de abogados, funcionarios y visitantes ocasionales del Palacio, y comenzó la tragedia de otros tantos que hasta este momento se sigue descubriendo en todos sus detalles.

Hoy –en primer lugar– quiero expresar mi solidaridad, mi afecto, a los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos aquellos 6 y 7 de noviembre en los hechos del Palacio de Justicia.

Usted, ministro Yesid –que ahora lidera desde el gobierno la tarea permanente de mejorar nuestra justicia y acercarla al ciudadano– es una de esas víctimas.

Y hoy tenemos un pensamiento especial para su padre, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y para los demás magistrados, funcionarios y personas que fallecieron, que se encuentran desaparecidas o que fueron afectadas en su integridad personal.

Han pasado 30 años y los recuerdos siguen vivos en todos nosotros: la angustia, las llamas, la operación de rescate, la zozobra institucional…

Por eso es tan simbólico conmemorar estos 30 años en un contexto en que Colombia avanza hacia la paz, pero no una paz cualquiera –como ya dije– sino una paz que reconozca y haga posibles los derechos de las víctimas.

La paz es perdón, la paz es reconciliación, la paz es reencuentro, pero la paz también es admitir responsabilidades.

Por eso hoy, como Presidente de la República y Jefe de Estado, quiero cumplir –en este día y este lugar, frente a muchas de las víctimas de aquel suceso infausto– con una de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como Rodríguez Vera y otros, sobre desaparecidos del Palacio de Justicia.

Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por:

• Las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda.

• Por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

Con estos hechos el Estado violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

• Por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por 16 años, y de Norma Constanza Esguerra Forero hasta la actualidad, lo que generó la violación del derecho a la vida en relación del deber de respeto y garantía de la Convención Americana.

• Por la detención y tortura de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal. En perjuicio del señor Rubiano, el Estado también violó su derecho a la vida privada.

La Corte consideró que algunos de los maltratos a los que fue sometida Yolanda Santodomingo Albericci fueron agravados en su condición de mujer y en razón de su género.

• Por la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal.

Adicionalmente, quiero manifestarles a los padres, a las madres, a las esposas y esposos, a los y las compañeras permanentes, a los hijos, a los hermanos de las víctimas, que lamentamos profundamente lo ocurrido con sus familiares.

Algunos padres, abuelos, familiares, murieron con la angustia de no haber conocido la suerte de sus seres queridos, y eso también nos duele.

Por eso –en nombre del Estado– pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura.

Y lo hago de corazón, no solo para cumplir una orden.

Porque ningún colombiano –ninguno– puede verse expuesto a la vulneración de sus derechos por parte de agentes del Estado –que están para protegerlos– ni de cualquier otra persona.

Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable, del M-19, pero, si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse.

Por supuesto, a estas alturas, lo más importante, lo que todavía imploran muchos familiares, es que se conozca la verdad, la verdad sobre sus seres queridos.

Así ocurre en este caso, y así pasa también con tantos hechos de violencia que se han presentado en el país durante las últimas décadas.

Todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de Justicia que deberá ser saldada con avances significativos en las investigaciones penales, la condena de los responsables, el establecimiento del paradero de los desaparecidos, la adecuada reparación a las víctimas y sus familiares y –sobre todo– el esclarecimiento de la verdad.

De conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana, es mi deber reconocer la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia, por las alteraciones a la escena del crimen, por las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, y por los múltiples errores en la identificación y entrega de los cuerpos.