Las preocupaciones de Uribe frente al acuerdo de justicia con las Farc

Luego del acuerdo en materia de justicia que suscribió el gobierno y las Farc en Cuba, el expresidente Álvaro Uribe criticó lo que él considera "indulgencias" a quienes hayan cometido crímenes atroces y que se haya acordado darle el mismo trato judicial a militares y a guerrilleros.

"Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición de la violencia", indicó.

Agregó el exmandatario que "con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia, incluidos en la teoría del contexto, quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel".

Según el también senador el acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político, y "no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político".

Y afirmó que el Gobierno, el Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General "han aceptado por anticipado que el secuestro y el narco terrorismo queden impunes al considerarlos conexos al delito político. Esto es un premio a delitos de lesa humanidad como la masacre de Bojayá, el carro bomba a El Nogal o el asesinato masivo de los diputados del Valle del Cauca. El narcotráfico, como financiador del terrorismo, no ha sido delito político, al contrario, ha sido una atrocidad continuada, nunca indultable".

Criticó que el Gobierno haya aceptado "abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación en política, sin excluir a los responsables de atrocidades", al tiempo que cuestionó que no ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a los víctimas.

"Y, en lugar de exigir la entrega de armas, el Gobierno ha aceptado la palabra dejación que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera", reiteró.

El expresidente dio las declaraciones acompañado de toda la bancada de congresistas del Centro Democrático.

ESTE ES EL COMUNICADO LEÍDO POR EL EXPRESIDENTE URIBE:

Preocupaciones iniciales sobre el acuerdo entre Gobierno y FARC:

1. No Cárcel:

El Gobierno ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales.

Para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales, restricciones de libertades, pero NO CÁRCEL.

Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a LA NO REPETICIÓN DE LA VIOLENCIA.

2. Igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo:

El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las Fuerzas Armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países. Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales.

Con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia, incluidos en la teoría del contexto, quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel.

3. Igualación de la sociedad civil con el terrorismo:

El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narco terrorista.

Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel.

4. El acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político. El acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político:

El Gobierno, el Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General han aceptado por anticipado que el secuestro y el narco terrorismo queden impunes al considerarlos conexos al delito político. Esto es un premio a delitos de lesa humanidad como la masacre de Bojayá, el carro bomba a El Nogal o el asesinato masivo de los diputados del Valle del Cauca. El narcotráfico, como financiador del terrorismo, no ha sido delito político, al contrario, ha sido una atrocidad continuada, nunca indultable.

5. El Gobierno ha aceptado abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación en política, sin excluir a los responsables de atrocidades.

6. El Gobierno no ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a los víctimas. Y, en lugar de exigir la entrega de armas, el Gobierno ha aceptado la palabra dejación que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera.

7. La indignante presencia de jerarcas de la tiranía de Venezuela que posan de acompañantes del proceso:

Rechazamos la presencia de la dictadura de Venezuela que ayer no más acribilló con genocidio a centenares de familias colombianas y hoy anunció más cierres de frontera.

8. Las facultades ilimitadas al Gobierno, ley habilitante al mejor estilo chavista, y la suplantación de la Constitución para complacer al terrorismo, constituirán una nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y explosivos del terrorismo.

9. El Centro Democrático sigue en el compromiso de interpretar a millones de colombianos que quieren una paz estable, esto es, con justicia de verdad, que quieren una refrendación reflexiva, con las reglas vigentes, y no un plebiscito dictatorial, a millones de colombianos que nunca aceptarán el golpe de estado que se trama contra la democracia, para lo cual se aprovecha, con oportunismo sin igual, la época electoral, como sucedió en las elecciones de 2014.

Álvaro Uribe Vélez

Expresidente y Senador de la República

Bogotá, 23 de septiembre de 2015