La Corte le pide respeto a la Iglesia por el fallo sobre el aborto

Conocido el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto para tres casos excepcionales, se abrió el debate sobre la reglamentación del fallo y la posición asumida por clínicas y hospitales.
El presidente de la Corte Constitucional , Jaime Córdoba Triviño, pidió respeto a la iglesia católica, frente al fallo que aprobó la despenalización parcial del aborto en Colombia.
El magistrado aseguró en diálogo con Caracol Radio, que desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia está regido por un Estado laico, lo cual implica la separación entre la legislación y la iglesia.
Córdoba Triviño aclaró que la Corte Constitucional actuó en derecho, sin tener en cuenta consideraciones morales o religiosas.
"Entendemos la reacción de la iglesia católica, porque el tema del aborto ha sido una de las banderas de sus altos jerarcas en la defensa del derecho a la vida", indicó el jurista.
Por su parte, el magistrado Jaime Araújo Rentería, ponente del controvertido fallo sobre la despenalización parcial del aborto, respondió a la Iglesia Católica colombiana, que advirtió la posibilidad de excomulgar a los magistrados que respaldaron la decisión.
"Como jueces constitucionales fallamos en derecho", dijo Araújo Rentería al manifestar que respeta las consideraciones de los máximos representantes de la Iglesia en el país, y como tal, también espera respeto por las decisiones judiciales.
Pidió a la opinión pública en general que "entiendan que son magistrados de una Corte, de un país láico donde hay que fallar en derecho, y es muy claro que hay una separación entre Iglesia y Estado, lo que representa que ese Estado no persigue ni protege a ninguna religión".
Admitió la dificultad que representó para lo magistrados abordar las demandas que buscan la despenalización del aborto, porque sobre esta práctica se fundamentan consideraciones éticas, sociales, religiosas, de género, científicas y jurídicas.
Araújo dijo que "comunicado el fallo de la Corte, ahora le corresponde al Congreso reglamentar el aborto en las circunstancias donde no se penaliza esta práctica, vinculándola en el sistema de salud pública".
La iglesia católica explicó los alcances de la excomunión
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Iván Marín explicó que la excomunión es la pena máxima que impone el dogma católico en caso de delitos graves.
"La práctica del aborto, la profanación de la eucaristía y el asesinato de una persona consagrada son causales para no reconocer como miembros de la iglesia católica a quienes incurran en esas faltas", dijo el prelado.
Monseñor Marín dijo que la excomunión es la sentencia directa, realizada por un obispo o por el penitenciario mayor y aclaró que puede levantarse cuando la persona afectada pide perdón por su falta.
"En una eventual reforma al derecho canónico, podría discutirse la inclusión de otros delitos como la corrupción y el asesinato, dentro de las causales de excomunión", afirmó el jerarca de la iglesia.
Ética Médica
El Tribunal de Etica Médica se pronunció sobre la forma como se aplicará esa práctica y el Congreso confirmó que se encargará de un proyecto de ley para modificar los tres artículos del código penal que objetó la Corte.
Según el fallo, el aborto no será penalizado cuando el embarazo es producto de una violación, el feto presenta malformaciones congétinas o la gestación pone en peligro la vida de la madre.
La Iglesia Católica denunció la intervención de la ONU en el fallo sobre el aborto
El cardenal primado de Colombia, Pedro Rubiano Sáenz, aseguró que los magistrados de la Corte Constitucional que votaron favorablemente la despenalización parcial del aborto, recibieron presiones de Naciones Unidas.
"Los magistrados al proferir este fallo se dejaron presionar internacionalmente por Naciones Unidas, que son quienes han insistido a los países para que legalicen el aborto", dijo el alto jerarca de la Iglesia Católica.
El cardenal Rubiano argumentó que a pesar de las peticiones de organismos internacionales, Colombia se había mantenido firme en su posición de no despenalizar el aborto.
"Infortunadamente con la decisión de los magistrados, se abre la puerta a la multiplicación de los abortos en Colombia", afirmó el cardenal.
Pedro Rubiano Sáenz dijo que todas las personas que faciliten la práctica del aborto, incluyendo a los magistrados de la Corte que aprobaron su despenalización parcial, serán excomulgados.
"Primero se obedece a Dios, y luego a los hombres, el fallo de la Corte fue una payasada, y yo no reconozco en personas que actúan de esa manera una verdadera actitud cristiana", afirmó Rubiano Sáenz.
La despenalización parcial del aborto en Colombia tiene efectos inmediatos
Por tratarse de una sentencia de constitucionalidad, el fallo que despenaliza la práctica del aborto en tres circunstancias especiales, cobró vigencia a partir del momento de su comunicación.
Pese al hermetismo de los magistrados de la Corte Constitucional, aclararon a Caracol Radio que, como esta corporación no legisla, la eventual reglamentación recae sobre los organismos del Estado que regulan la salud pública.
Esta sentencia, firmada por los ocho magistrados que participaron en la sala, será remitida en las próximas horas a la Presidencia y al Congreso de la República.
Lo que quedó claro con este fallo, es que aquella mujer que se presente embarazada con una denuncia por violación, podrá abortar sin que ella y el médico que lo practique corran el riesgo de ir a la cárcel.
Además podrán abortar aquellas mujeres que por su voluntad, y con acreditación y concepto de un médico establezcan que el embarazo pone en peligro la vida y salud de la madre gestante, o que se presenta un daño irreversible en el feto que haría inviable su vida extrauterina.
El gobierno no sabe cómo se va a reglamentar la despenalización del aborto
El ministro de la Protección Social, Diego Palacios Betancourt, dijo que por el momento no tiene claridad sobre la manera en que el sistema de salud va a atender la práctica del aborto en las situaciones especiales, que fueron autorizadas por la Corte Constitucional.
“No sabemos si la Corte define parte de la reglamentación de la práctica del aborto, o si es una responsabilidad completa del gobierno, por lo tanto, hasta que el Ministerio no conozca el alcance del fallo, no podemos emitir una decisión definitiva sobre el tema”, dijo el funcionario.
El ministro reconoció que médicamente es fácil que el sistema comience a aplicar el fallo de la Corte, porque gran parte de los procedimientos para la ejecución de un aborto están incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud, sin embargo, hasta que el Gobierno no tenga definido aspecto jurídico del fallo, no es factible que la despenalización del aborto entre a operar inmediatamente.
El Ministro Palacios aclaró que la despenalización del aborto no significa que se vayan a legalizar las clínicas que actualmente están practicando interrupción de embarazos, porque estos centros no están habilitados para desarrollar ningún tipo de procedimiento médico.
Debido a que parte de los abortos que se venían practicando ilegalmente terminaban en complicaciones médicas muy costosas, el Ministerio de la Protección, dijo que el fallo le ahorrará una gran cantidad de dinero al sistema de salud porque se reducirían este tipo de tratamientos.
La despenalización del aborto no le va a ocasionar gastos adicionales al sistema de salud
El Ministerio de la Protección Social cree que la despenalización del aborto no le genera costos adicionales al sistema de salud colombiano, y que por el contrario, le traerá importantes ahorros.
El director de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social, Lennis Urquijo, cree que la legalización del aborto va a disminuir los casos de interrupción de embarazos mal practicados, los cuales provocan millonarios gastos en tratamientos médicos a las mujeres que sufren daños durante el proceso de un aborto y que al final terminan siendo atendidos por las EPS.

EL costo en promedio de la interrupción de un embarazo en Estados Unidos es de 5 dólares para las IPS, pero en Colombia, actualmente oscila entre los 80 mil y 600 mil pesos, dependiendo de los meses de embarazo de la mujer.
"La interrupción de los embarazos es un problema de salud pública, por lo tanto, el Ministerio de Protección cree no tendrá mayores inconvenientes para que el procedimiento sea incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), además muchos de los procedimientos que se necesitan para un aborto, ya están en el POS", dijo el funcionario Lennis Urquijo.
El Ministerio de la Protección cree que la despenalización del aborto obliga a preparar a los especialistas de la salud para que ofrezcan una atención integral e idónea durante la asistencia de un aborto, en las condiciones que la Corte lo autorizó.
El Tribunal de Etica Médica realizó algunas precisiones frente a la despenalización del aborto
El presidente del Tribunal de Etica Médica, Juan José Mendoza, dijo a Caracol Radio que es indispensable que los ciudadanos entiendan que únicamente será permitido realizar un aborto, con un certificado médico que explique los riesgos o la inconveniencia de continuar con el embarazo.
Señaló que en el caso de el síndrome de down, aunque es considero como una malformación, no impide la vida, por lo que no se justifica un procedimiento de este tipo.
Juan José Mendoza indicó además que las clínicas clandestinas que hoy en dia realizan abortos, no serán legalizadas con el fallo de la Corte.
Atención en clínicas

Sandra Zapata, de la unidad de ginecología de la Clínica San Pedro Claver en Bogotá dijo que en esa "entidad tienen conformado un comité de ética en el que se discutirán todas las solicitudes de aborto para decidir sí se hace el procedimiento o no".
Sin embargo, en varios centros privados de salud advierten que no practicarán el procedimiento en sus clínicas. "La ley no nos puede hacer violar nuestra ética y menos cuando esté de por medio una vida. ¿Será que si se despenaliza el robo de carros todos estaremos obligados a robar carros?", aseguró Jorge Alberto Ospina director médico de la Clínica el Country de Bogotá.
Las clínicas públicas y privadas coincidieron en que el tema debe ser reglamentado para efectos de saber jurídicamente por ejemplo, qué costos cubre la seguridad social y cuáles las EPS.