Gobierno reafirma compromiso con la seguridad de la Rama Judicial

BOGOTA.---- El Gobierno Nacional reiteró hoy su compromiso con la protección a los funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General y compartió la preocupación de los altos Tribunales porque las perturbaciones del orden público afectan la prestación del servicio público de justicia.
El Presidente, Andrés Pastrana Arango, impartió instrucciones al ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos Calderón, para que asegure la apropiación adecuada de recursos para brindarles seguridad a los funcionarios al servicio de la justicia colombiana.
El Jefe de Estado solicitó también a la Dirección de la Policía Nacional que disponga medidas complementarias para garantizar la seguridad requerida por Magistrados,Jueces y Fiscales.
El pasado 14 de septiembre, el ministro de Justicia, Rómulo González Trujillo invitó a la Comisión Interinstitucional a evaluar las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a esos servidores públicos.
Según la propuesta del Ejecutivo, la evaluación sería realizada conjuntamente con el ministro de Defensa, el Comandante de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía,
González Trujillo les invitó a considerar la realidad social y presupuestal del país, a presentar sus conclusiones al presidente Andrés Pastrana y a tener en cuenta las estrategias adoptadas para recuperar con el uso de la Fuerza Pública, los espacios ocupados por los violentos.
Además, destacó que las acciones en marcha han sido adoptadas en el marco de las gestiones de diálogo para el logro de la paz.
El Ministro de Justicia también compartió las inquietudes de los altos Tribunales sobre las amenazas contra funcionarios al servicio de la Justicia y de la Fiscalía.
En esa comunicación --respuesta a un oficio que la Comisión le envió el 27 de agosto--, el Gobierno reafirmó su decisión de proteger la vida de los funcionarios y de garantizar la normal prestación del servicio público de la justicia.
El texto de la comunicación es el siguiente:
"Bogotá, D.C., septiembre 14 de 2001
Doctor
Fernando Coral Villota
Presidente Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial
Ciudad.
Doctor Coral:
Cumpliendo instrucciones del Señor Presidente de la República manifiesto a Ud., y por su conducto a los restantes miembros de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que el Gobierno comparte la preocupación expresada en oficio del 27 de Agosto del año en curso, en el que se le solicita adoptar políticas que aseguren la prestación del servicio de justicia, afectada por las perturbaciones del orden público, y le ofrecen el concurso de la Rama para su ejecución.
Saben Uds., que este Gobierno, en el plano interno y en el internacional, ha agotado esfuerzos de toda índole en procura de la obtención y afianzamiento de la paz, requisito indispensable para generar un clima social que permita la fluida prestación de los servicios públicos y el acceso general de nuestros compatriotas a los beneficios y oportunidades de la acción gubernativa.
Hemos logrado avances innegables en el establecimiento de mecanismos de diálogo con los actores del conflicto, en el fortalecimiento de la fuerza pública, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la inversión social, la reactivación económica, el fortalecimiento institucional y el acompañamiento de la comunidad internacional, medios idóneos y aunados en una política integral diseñada por el Sr. Presidente para el logro del fin propuesto, pero somos conscientes del largo proceso que al país le corresponde recorrer antes de obtener resultados definitivos y de las limitaciones a las que debemos ajustar nuestro desempeño en el referido trayecto.
El funcionamiento de las ramas del poder público no es desde luego ajeno a una realidad social cuyas raíces se afincan en la mitad del siglo anterior y cuyas manifestaciones presentes son factor de innegable perturbación y obligado reconocimiento.
Adelantar en forma simultánea estrategias orientadas a recuperar con el uso de la fuerza pública espacios ocupados por elementos violentos; centralizar en la medida en que ello sea posible, mediante una redistribución territorial, la prestación de servicios como la justicia, ubicándolos en áreas previamente acordadas y fortalecidas; utilizar mecanismos alternos de solución de conflictos como los jueces de paz, la conciliación o la amigable composición, en forma complementaria o exclusiva, en lugares de alta confrontación, continuar suministrando personal de escolta a funcionarios amenazados, etc., son algunas de las formas que el Gobierno considera viables para seguir actuando, sin dejar de reconocer las limitaciones derivadas de la presencia de los factores de violencia. Todo, dentro del marco de la continuidad de las gestiones de diálogo para el logro de la paz, y de la presencia de la fuerza pública donde quiera que el orden público sea alterado.
Invito a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial a evaluar en conjunto con el Sr. Ministro de Defensa, con el Comandante de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía y este Despacho, la procedencia de las medidas antes enunciadas a manera de ejemplo y las que sean propuestas por Uds., a tamizarlas mediante la observancia de la realidad social y presupuestas del país y a presentar, finalmente, las conclusiones a la consideración del Sr. Presidente.
Cordialmente,
Rómulo González Trujillo
Ministro de Justicia y del Derecho".
Adicionalmente, el 10 de septiembre, la Dirección de la Policía Nacional, entregó a la Presidencia de la República un informe sobre las medidas adoptadas.
En ese documento, el general Alfredo Salgado Méndez, Director (e) de la Institución, aludió a la protección que se brinda no solo a miembros de la Rama Judicial sino también a funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y a los aspirantes a la Presidencia:
En ese informe, se explicó que la Institución evalúa los estudios sobre seguridad de personajes de la vida nacional para precisar las necesidades y el grado de riesgo que puedan enfrentar.
Salgado relató las medidas de seguridad para los candidatos presidenciales Noemí Sanín, Alvaro Uribe, Ingrid Betancur, Horacio Serpa y Luis Eduardo Garzón.
En coordinación con el DAS, se acordó la protección que tendrán en sus residencias y en las sedes políticas y se instruyó a loscomandantes departamentales y memtropolitanos de Policía sobre las medidas de seguridad que deben dar a los candidatos y parlamentarios, durante la próxima actividad proselitista.
La Policía, dijo Salgado, entregó una guía práctica con las medidas de autoprotección y autoseguridad que deben practicar los personajes, congresistas, ministros y magistrados. La guía propende por la cultura de la seguridad y el compromiso que todos tienen con ella.
La Policía desarrolla un programa de capacitación sobre seguridad a funcionarios de las Ramas Ejecutiva y Legislativa, complementario de la protección a las residencias de los Magistrados.
Al Consejo Superior de la Judicatura se le solicitó el cubrimiento presupuestal de algunas de los requerimientos logísticos como vehículos blindados,motocicletas y equipos de comunicación, entre otros.
Para los funcionarios de los altos Tribunales Judiciales se ha dispuesto un programa de instrucción y prevención contra secuestros o atentados.