Caso de policías asesinados por sus compañeros sigue en la impunidad
El homicidio del Subintendente Fabián Ordóñez Cansimance y el patrullero Víctor Manuel López Giraldo aún no ha sido esclarecido.
Cauca
Caracol Radio sigue investigando el caso de dos policías que fueron asesinados en zona rural del municipio de La Vega, en el sur del Cauca, hace ya cinco años.
Aunque inicialmente el hecho fue atribuido a un grupo armado, un informe científico de balística arrojó que los uniformados murieron por disparos de sus propios compañeros. A pesar de las revelaciones, el hecho continúa en la impunidad.
Sin avances
Tras las consultas realizadas en la Policía Nacional y la Fiscalía, la conclusión es que no hay avances que les permitan a los familiares del subintendente Fabián Ordóñez Cansimance y el patrullero Víctor Manuel López Giraldo encontrar justicia, pues los responsables siguen libres.
“El intendente que estaba con ellos en el momento del operativo, una persona deshonesta que nos mintió a toda la familia, nos pintó un panorama totalmente diferente a lo que ocurrió el día de los hechos, ya se pensionó y está viviendo en el extranjero. Las otras personas aún están vinculadas a la Policía, siguen trabajando normal, sin ningún tipo de investigación disciplinaria”, señaló Daniel López Giraldo, hermano del patrullero.
La Policía
Un derecho de petición fue radicado en la Policía Nacional, consultando por los avances en la investigación. La respuesta fue asignada a la Juez 183 de Instrucción Penal Militar y Policial, mayor Claudia Patricia Murillo Panameño.
“A la fecha, este Judicial no adelantó ni ha adelantado investigación penal por los hechos sucedidos el 26 de junio de 2017 en zona rural de La Vega, Cauca, donde perdieron la vida los policiales subintendente Fabián Ordóñez Cansimance y patrullero Víctor Manuel López Giraldo”, indica el documento.
Hay una hipótesis que tienen los familiares sobre la que tampoco se han pronunciado las autoridades. Los allegados aseguran que los hoy fallecidos poseían información sensible que comprometía a oficiales, suboficiales y funcionarios, relacionada con asuntos de minería ilegal.
“La investigación la tergiversan muy evidentemente, pasa de una Fiscalía a otra Fiscalía, no se ve ningún tipo de progreso realmente, sigue estancada en el mismo punto, y yo creería que lo que la Policía quiere, para no crear un escándalo, es simplemente dejar que se venzan los términos y archivar la investigación”, agregó López Giraldo.
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“Conflicto de competencias”
La Fiscalía asignó la respuesta a un derecho de petición a la fiscal seccional del municipio de Bolívar, Esmeralda León Ojeda y en su respuesta, manifestó que hay un conflicto de competencias que debe ser resuelto por la dirección.
“De lo que se pudo observar dentro de dichas diligencias, no hay ninguna persona vinculada como indiciada”.
Han transcurrido cinco años y no hay personas vinculadas formalmente a la investigación.
Daurbey Ledezma, abogado de la esposa del subintendente Fabián Ordóñez Cansimance, aseveró que es inaudito que, existiendo una evidencia científica como el informe de balística, no haya avances en la investigación.
“La Fiscalía había adelantado unas actuaciones de Policía Judicial que eran contundentes y que iban a permitir avanzar en la investigación, pero hoy no tenemos ningún pronunciamiento por parte de la Policía Nacional que nos de tranquilidad en el sentido de manifestar: hemos actuado, hemos hecho algo”.
Guardan la esperanza
Los familiares guardan la esperanza de que haya justicia, a pesar de las múltiples irregularidades que encontraron desde que se presentaron los hechos.
“A mi hermana no le dejaron ver el cuerpo de mi cuñado, ni a nadie de la familia, no sabemos si fue un disparo, no sabemos qué fue lo que pasó ese día. Incluso el celular de él estuvo perdido una semana, eliminaron todo lo que tenía el celular de él, y cuando se lo pasaron a la mamá ya no tenía ninguna información”, dijo Johana Hidalgo.
En resumen, no hay avance alguno en la investigación por este caso que en su momento generó pronunciamientos y voces de rechazo desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa.