Los calabozos de Medellín son “bodegas humanas”

Antioquia

Son ya cerca de 490 las personas que conviven en un espacio con capacidad para solamente 60 detenidos. Se trata del calabozo de la estación de Policía de La Candelaria, en el centro de Medellín, y es el ejemplo más claro de las condiciones de hacinamiento y las limitaciones a los derechos de buena parte de la población carcelaria de la ciudad.

La problemática volvió a ponerse en evidencia luego de que el lunes se hiciera viral un video grabado por un patrullero de la Policía, en el que una fiscal cuestiona su decisión de judicializar a un hombre que tenía en su poder un celular reportado como robado y que, por tanto, fue capturado por el delito de receptación. La fiscal se refiere a las condiciones de hacinamiento del calabozo en el búnker de la Fiscalía. Incluso, afirma que va a “compulsar copias” contra el patrullero, mientras él insiste en la necesidad de procesar a la persona capturada.

Sin embargo, las condiciones de hacinamiento en los 26 puntos de reclusión temporal para sindicados que existen en el Valle de Aburrá han sido denunciadas desde 2013 por organizaciones de derechos humanos y por los propios reclusos. Hoy son cerca de 3000 las personas detenidas en esos lugares, que deberían ser salas de paso, solamente para personas que no han sido condenadas, y por un plazo no mayor a 72 horas antes de que les sea asignado un lugar de reclusión.

No obstante, según varios testimonios recopilados por Caracol Radio, hay internos que completan hasta dos años en esos lugares. Y en el caso de La Candelaria al hacinamiento se suma la mala calidad de la alimentación, la falta de atención médica oportuna y los problemas de bioseguridad que se hacen mucho más críticos por la pandemia.

“Estamos muertos en vida, nos tratan peor que a unos condenados y peor que la inquisición. Ya uno no tiene ni ganas de vivir, el daño sicológico es severo y nos estamos desnutriendo. Yo no sé cuál es el problema para que dejen entrar las comidas a las instalaciones”, dijo uno de los internos.

Y es que a esa restricción para el ingreso de alimentos se suma una más: que desde hace ya cerca de un año están prohibidas las visitas con el argumento de evitar un posible contagió. “Yo llevo cinco meses, pero hay compañeros que llevan 27 o 29 meses. Nos dan dos comidas al día de vez en cuando, porque a veces no traen el almuerzo porque llega vinagre. Las condiciones de vida son infrahumanas, estamos a una temperatura degradante y en una baldosa dormimos dos personas”, aseguró otro de los detenidos en la estación de La Candelaria.

“Es hora de señalar responsabilidades”

Carlos Carmona, defensor de derechos humanos que ha enfocado su trabajo en la población carcelaria, afirma que es necesario señalar las responsabilidades de que la situación siga empeorando después de ocho años de que empezó a denunciarse. A su juicio, la única alternativa es la construcción de una cárcel para sindicados.

Entre tanto, dice Carmona, es la Alcaldía de Medellín la que debería responder por la situación, pues de acuerdo con la ley 65 de 1993, son las autoridades municipales y departamentales las que tienen la responsabilidad de administrar y vigilar estos espacios para detenciones preventivas.

Caracol Radio consultó a la Alcaldía de Medellín, inicialmente, por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Allí nos remitieron a la Secretaría de Seguridad y en esa dependencia la respuesta fue que el tema es competencia de la Policía Metropolitana. Hasta el momento de la publicación de esta nota la Policía tampoco había dado alguna respuesta.

Por su parte, William Yeffer Vivas, personero de Medellín, aseguró que en 2019 la Personería interpuso una tutela que fue fallada a favor de la población carcelaria y derivó en varias órdenes para distintas autoridades. Agregó que hay mesas de seguimiento a ese fallo para procurar la atención de salud urgente para los detenidos, la creación de sitios de reclusión transitorios y, finalmente, la construcción de la cárcel de sindicados.

“A los privados de la libertad se les limita ese derecho por algún delito que hayan cometido, pero sus demás derechos siguen vigentes. Por lo tanto, no podemos llegar al extremo de que los establecimientos de reclusión transitoria y las cárceles se conviertan en bodegas humanas como lo son hoy”, dijo Vivas.