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JUDICIAL

Gobernación de Risaralda tiene que devolver $27 mil millones a contratistas

Los dineros los había recaudado la administración departamental por medio del cobro de la estampilla prodesarrollo.

Por orden del consejo de Estado la Gobernación de Risaralda y sus entidades descentralizadas deberán devolverles 27 mil millones de pesos a los contratistas y demás personas que pagaron, años atrás, la estampilla prodesarrollo.

La sentencia emitida por esa alta corte ya no tiene más recursos, es decir que quedó en firme y a la Gobernación de Risaralda no le queda otro camino que cumplir con la devolución de los dineros obtenidos de aquel recaudo que fue considerado como irregular.

La Cámara de Comercio de Pereira y otras personas habían emprendido acciones legales, primero para que se suspendiera dicho cobro y posteriormente para que les devolvieran los dineros que tuvieron que pagar por esa estampilla.

El 30 de noviembre de 2016 la sala tercera de decisión del Tribunal de Contencioso Administrativo de Pereira decretó la nulidad de dicho cobro y consideró que se estaba vulnerando el artículo 15 de la ley 179 de 2012 que impide gravar con impuestos tasas o contribuciones municipales y departamentales a excepción del impuesto de registro autorizado por la ley 223 de 1995.

El cobro de esa estampilla también era considerado como lesivo para los comerciantes de Risaralda, ya que aumentaba en dos días el tiempo requerido para abrir una empresa e incrementaba en 0.5% el cobro del capital inicial de la empresa que debe reportar.

El abogado Efrén Henao indicó que el impuesto se cobró entre 2009 a 2014 y que dicho cobro fue avalado en una ordenanza del 2009 cuando era gobernador de Risaralda Víctor Manuel Tamayo.

“Hubo una extralimitación de funciones porque el departamento no puede poner a los entes territoriales como municipios y entidades descentralizadas a que le contribuyan. La Estampilla Prodesarrollo es legal pero en contratos que hace el departamento y sus entidades departamentales, másno en los municipios y las entidades descentralizadas de cada municipio”, explicó Henao.

Sobre cómo se devolverá el dinero el abogado Henao explicó que la Gobernación debe consignar esos dineros a la Defensoría del Pueblo nacional y los reclamantes deben presentarse al Juzgado Tercero Administrativo por medio de sus representantes legales y seguir el trámite de reclamación para el reintegro de los dineros.

Para cada beneficiario sigue un proceso administrativo con el que se hace la reclamación de aquellos recursos que tuvieron que pagar de un cobro irregular.

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