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JUDICIAL

Excontratistas y exfuncionarios de la Alcaldía de Pereira serán condenados

Entre los funcionarios que recibirán una condena en prisión está el exsecretario de Desarrollo Social, Jhon Jairo Lemus.

Excontratistas y exfuncionarios de la Alcaldía de Pereira van a ser condenaos por el sonado caso del desfalco de los recursos de la estampilla pro adulto mayor, que investigó la Fiscalía General de la Nación, por irregularidades de cuatro contratos en los que se desviaron 700 millones de pesos que estaban destinados para favorecer a la población adulta mayor de la capital risaraldense.

El juez encargado de este proceso aceptó el preacuerdo que los indiciados firmaron con la Fiscalía, con lo cual aceptaron la responabilidad en los delitos que les imputaron y además accedieron a una rebaja del 50% de la pena que les deban imponer.

Entre los condenados figura el exsecretario de Desarrollo Social Jhon Jairo Lemus, que se calcula deberá purgar una pena de por lo menos 60 meses de prisión, es decir uno cinco años en la cárcel y la ex secretaria de Población Vulnerable, Diana Carolina Sánchez Lema, que participó en los cuatro contratos y recibirá una condena que rodea los 73 meses de cárcel, es decir unos 6 años.

Por estas investigaciones relacionadas con corrupción también van a recibir una condena Alejandro Ospina Coll, que se prevé recibirá 48 meses de cárcel, Libardo López Guerrero, representante de la Fundación Fundacol, que purgaría una condena de 57 meses y 15 días, Diana Inés García Benítez, una de interviniente en las contrataciones que pagaría 48 meses y Por último, Carlos Alberto Valencia, quien figuraba como representante de la Fundación Jóvenes del Presente, que podría recibir una sentencia de 39 meses.

A estas seis personas las habían capturado el 16 de mayo de 2017 y resultaron inmersos en las investigaciones por el desvío de recursos luego de que la Personería Municipal de Pereira compulsara copias al evidenciar las cuatro contrataciones irregulares.

Según los reportes de la Fiscalía todos los condenados incurrieron en las irregularidades que se dieron en todas las etapas de las contrataciones que pretendían brindar atención integral de 93 abuelos.

¿Cómo actuaron?

Debido a las irregularidades todos resultaron señalados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.

Los reportes fiscales también aseguran que estas personas crearon identidades carentes de idoneidad para contratar, generaron facturas y cuentas de cobro falsas para el pago de terapeutas, sicólogos y convenios de hogares de atención inexistentes.

También relatan que hubo compras ficticias de dotaciones, camas y alimentos, entre otros productos para el cuidado integral de los adultos mayores sin base ni sustento legal.

En tres de las fundaciones aportaron documentos falsos para acreditar la idoneidad, requisito fundamental para poder otorgar el contrato, y una vez cumplido continuaban emitiendo facturas por compras elevadas y ficticias, cuentas de cobro para profesionales que presuntamente prestaban servicios en cada una de las fundaciones a través de talleres y terapias, sin hallarse los comprobantes exigidos como listas de asistencia o fotografías del evento.

La Fiscalía también asegura que falsificaron firmas de beneficiarios, emitieron alsos conceptos satisfactorios y de experiencia para sedes, fundaciones y hogares de atención al adulto mayor y así apropiarse del dinero de manera más rápida.

Con todas esas conductas irregulares, según la Fiscalía, estos excontratistas y exfuncionarios engañaron a personas jurídicas y naturales para obtener firmas de certificados de actividades y servicios no realizados, incluso registrando adultos mayores fallecidos o expulsados, como beneficiarios vigentes.

A estas personas el juez encargado del proceso les leerá la sentencia el próximo 4 de mayo. Ya acepto el preacuerdo que los indiciados celebraron con la Fiscalía, donde reconocieron ser los culpables de esos señalamientos de corrupción

Ya había una condena

Por este caso la representante legal de la Fundación Sexto Sol, Lina María Sierra ya había sido condenada a cinco años de prisión. Ella no acredito ni la experiencia exigida ni los requisitos de ley necesarios para celebrar contratos con el estado.

Por su parte Shirley Xiomara Ramírez Barco, otra de las imputadas en este proceso, prefirió no aceptar ninguna culpabilidad y continuar con la formulación de cargos y posteriormente el juicio oral.

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