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QUEJA

10.000 millones de pesos por intereses en mora debe gobernación del Quindío a docentes del departamento

El apoderado de los educadores señaló que por el no pago de las deudas, la gobernación está cometiendo detrimento patrimonial.

10.000 millones de pesos por intereses en mora debe gobernación del Quindío a docentes del departamento

10.000 millones de pesos por intereses en mora debe gobernación del Quindío a docentes del departamento / Jhon Hernández

Quindío

Y por esta situación Yobanny López, apoderado de los 2.000 docentes que reclaman desde hace 12 años en total 18.000 millones de pesos producto del pago de las primas de servicio, le está pidiendo al juzgado cuarto administrativo oral del circuito de Armenia que haga cumplir el fallo que desde hace dos años le dio la razón a los educadores y por lo que este año incluso se inició un proceso de embargo a las cuentas de la gobernación, pues de lo contrario la suma a pagar por parte del gobierno departamental podría llegar a los 30.000 millones de pesos.

“Yo creo que la justicia llegó a que se aplique en un caso particular y concreto, yo pienso que la responsabilidad que tiene ahora el juzgado cuarto administrativo del circuito y es que actué, porque por cada mes que pase se están perdiendo 336 millones de pesos a la gobernación, ahora ya viene la vacancia judicial y si esperamos que el proceso llegue a enero, se van a perder 1.000 millones de pesos más que es lo que estamos denunciando en este momento”, dijo el abogado Yobanny López.

Sobre este asunto, el secretario de educación departamental Álvaro Arias señaló que a mediados del año anterior se presentó al Ministerio de Educación Nacional la matriz de liquidación de las cerca de 1.200 sentencias, y desde entonces se adelanta gestión con los Ministerios de Educación y Hacienda para el reconocimiento y pago de las deudas, a la fecha están aclaradas las sentencias y a la espera del giro de los recursos para el correspondiente pago.

El abogado Yobanny López señaló que esta situación se configura claramente en un detrimento patrimonial, que la gobernación del Quindío podría evitar si por lo menos hiciera un acuerdo de pago.

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