Así operaba el cartel de la hemofilia en Córdoba

El escándalo comenzó a vislumbrarse en julio de 2016, cuando la Contraloría General de la República alertó sobre un “desangre” de los recursos destinados a financiar la salud en en departamento de Córdoba. Desde entonces se advirtió que se estaban utilizando a personas que fingieran padecer hemofilia y por medio de ellas se hicieran cobros para medicamentos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, POS. Posterior al cobro de estos, el dinero sería redistribuido entre “pacientes” y varios funcionarios públicos de la Gobernación de Córdoba, para ese entonces en la administración de Alejandro Lyons Muskus.

El informe de la Contraloría General señala la pérdida aproximada de 50.000 millones de pesos que entre falsos pacientes y medicamentos no entregados estaban sin justificar. Dentro de los detalles que más llamaron la atención de los investigadores figura el hecho de que de 41 pacientes con hemofilia, en menos de un año aumentara a 87 personas para una enfermedad considerada poco frecuente. Seguido a los hallazgos anunciados por el ente controlador se decidió una serie de investigaciones aún de mayor rigor que permitieron conocer nombres en este escándalo.

Al entrevistar la Contraloría a varios de los “pacientes” se logró comprobar que muchos de estos no existían y algunos no recibían medicamentos, lo que los condujo de inmediato a las IPS a cargo: Unidos por su Bienestar S.A.S Y San José de la Sabana; el representante legal de la primera IPS mencionada, identificado como Eder Antonio Pérez Ardila, enfermero de profesión, en compañía de su representante legal compareció ante las autoridades y finalmente como defensa pesó el hecho de que los hallazgos les fueron encontrados a la Gobernación y no a dicha entidad de salud. Aún las investigaciones continúan en ambas IPS.

Otra entidad de salud involucrada en este caso fue el laboratorio Bernardo Espinoza, donde presuntamente se hacían exámenes para comprobarse el padecimiento de hemofilia. Al conocer este escándalo las directivas del laboratorio demostraron ante la justicia que su sello médico había sido falsificado y que nunca tuvieron ningún contacto con este tipo de pacientes ni personal de la administración departamental.

Siguieron conociéndose nombres y apareció el del en ese entonces Gobernador, Alejandro Lyons, quién en una rueda de prensa dio a conocer que estaba dispuesto a comparecer ante las autoridades y explicar todos los detalles necesarios para demostrar que este desfalco se trabajó a sus espaldas. Otros nombres de funcionarios pertenecientes a la Secretaría de salud del departamento aparecieron en las investigaciones, los cuales fueron un misterio hasta hace poco.

Aunque el caso se mantenía en investigaciones no había arrojado mayores avances a los ya conocidos desde hace unos 5 meses. Pero en una rueda de prensa en la ciudad de Cartagena, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, informó que se habían expedido 5 órdenes de captura contra personas involucradas en el cartel de la hemofilia.

Hasta ahora se conoce que de las cinco órdenes de captura solo dos se han hecho efectivas y se efectuaron el sábado Cartagena. Los capturados fueron el ex secretario de salud para la vigencia de 2014 y 2015, Edwin Preciado Lorduy y Juan David Nader Chejne, también funcionario de esta cartera departamental. Dentro de los cargos imputados están falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

Es de anotar que a causa de este desfalco, el Ministerio de Salud, decidió congelarle al departamento los recursos por medicamentos no POS, decisión que aún se mantiene.