Semana clave de la consulta popular en la Registraduría: la entidad se pronunciará sobre el decreto
El registrador Nacional Hernán Penagos, confirmó que se han recibido siete solicitudes formales para que no se convoque a las urnas el 7 de agosto.
Petro firmando decreto de consulta popular | Foto: Presidencia de Colombia
Colombia
Desde Puerto Carreño, Vichada donde se adelantaron este fin de semana elecciones atípicas para elegir al nuevo gobernador, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que esta semana emitirá un pronunciamiento de fondo esta semana sobre el decreto 0639 firmado por el presidente Gustavo Petro, mediante el cual se convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto.
El registrador nacional Hernán Penagos confirmó que, tras la radicación oficial del decreto por parte del Ministerio del Interior, su equipo jurídico analiza el texto “con juicio y rigor” ante el alto número de acciones legales que se han presentado.
“Estamos estudiando con mucho rigor ese decreto, la decisión del Senado y todas las comunicaciones que hemos recibido. Tenemos alrededor de 30 demandas de nulidad simple ante el Consejo de Estado, seis de inconstitucionalidad en la Corte, más de 80 tutelas, y siete solicitudes específicas que nos piden aplicar la excepción de inconstitucionalidad para no convocar la consulta”, explicó Penagos.
Además de las acciones judiciales, también se han radicado múltiples derechos de petición dirigidos a la Registraduría.
Procuraduría pide respetar la autonomía judicial
El procurador general, Gregorio Eljach, también se refirió a esta decisión y pidió respetar la independencia de la justicia, que deben pronunciarse sobre el tema.
“Necesitamos que estén tranquilos, que no se les presione. Ya una tutela señaló que lo único que faltó fue comunicarle a una senadora la apelación, pero el fallo fue favorable. Esperamos que el Consejo de Estado y la Corte hagan su tarea. Queremos un país que converse, que logre consensos”, dijo Eljach.
El decreto del Gobierno fue emitido bajo la figura de la excepción de inconstitucionalidad, argumentando un presunto sabotaje legislativo al trámite de las reformas sociales
Sin embargo, el Senado certificó que la propuesta fue archivada tras no superar los debates reglamentarios, lo que abrió el debate sobre si la consulta debe o no convocarse.
