Eucaris Salas, defensora de la comunidad LGTBIQ+ y activista por las víctimas de la guerra
Aunque es víctima del conflicto armado, Eucaris decidió salir adelante y luchar por quienes no tienen voz, dándoles una segunda oportunidad desde su posición como coordinadora de la Mesa Nacional de Participación, ¿cuál es su historia?
El conflicto armado que se vivió durante muchos años en algunos territorios del país dejó como saldo alrededor de 9.845.286 víctimas reconocidas e incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), de acuerdo con la Unidad de Víctimas; sin embargo, la problemática aún sigue vigente a causa de grupos al margen de la ley como las disidencias de las FARC, el ELN, entre otros.
De esa cifra que resulta alarmante, 7.711.080 personas cumplen con todos los requerimientos para acceder tanto a las medidas de atención como a la reparación que se adelanta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y demás entidades que buscan darle una segunda oportunidad a las víctimas de la violencia; asimismo, 2.134.206 personas no son sujetos de atención porque son víctimas fallecidas, directas de desaparición forzada como los falsos positivos, homicidios, entre otros factores, según lo indicado por la Unidad de Víctimas.
En ese sentido, mujeres como Eucaris Salas Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, trabaja arduamente no solo para dar voz a las víctimas del conflicto armado, sino también para restablecer sus derechos y promover garantías que beneficien a esta población. De igual manera, desde su rol tiene la oportunidad de defender a la comunidad LGTBIQ+ que ha sufrido de discriminación.
Una mujer víctima del conflicto que ahora lucha por las víctimas de la guerra
Eucaris proviene de una familia tradicional colombiana compuesta por sus padres, cuatro hermanos y varios sobrinos. Oriunda del corregimiento de San Basilio, en el departamento del Magdalena, ubicado en uno de los valles al pie de los Montes de María, sufrió los estragos de la violencia a sus 18 años, cuando el 9 de enero de 1999, un grupo de paramilitares pertenecientes al bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) rodearon el corregimiento Playón de Orozco, a 10 minutos de su lugar natal.
De acuerdo con lo indicado por el Centro de Memoria Histórica, los paramilitares inspeccionaron las cédulas de los habitantes, encerraron a los hombres en la iglesia del pueblo y “comenzaron a sacarlos de cinco en cinco, se los llevaron a distintos lugares donde posteriormente los asesinaron y desmembraron”; luego, quemaron aproximadamente 22 viviendas.
Según se conoce, la masacre dejó un saldo de aproximadamente 27 víctimas, donde predominaron los hombres jóvenes que habitaban el corregimiento del Playón y, un día después de este hecho, 130 familias se desplazaron masivamente hacia los municipio de Pivijay, El Piñón, así como a las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. Entre este desplazamiento masivo estuvo Eucaris y su familia, quienes tuvieron que “abandonar el territorio e irse a otro lugar para poder refugiarse”, señala la coordinadora de la Mesa Nacional en el portal de la Unidad de Víctimas.
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Después de esta situación que fue dolorosa para miles de personas en el país, fue nuevamente desplazada y recibió amenazas por su orientación sexual.
Tras pasar por estos duros momentos, Eucaris Salas se formó académicamente para representar a quienes han sufrido los flagelos de la violencia, es por ello, que ahora es una líder social, activista y defensora de derechos humanos que ha sido reelegida en varias oportunidades como coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de la Víctimas; asimismo, su representación también se encamina bajo un enfoque diferencial hacia la protección de la comunidad LGTBIQ+ de la que hace parte.
Durante su trabajo, Salas ha recorrido diversos territorios de Colombia con el propósito de conocer los casos de las víctimas; además, intervino activamente en la modificación de la Ley de Víctimas creada en 2011, donde “pudimos presentar las propuestas de lo que recogimos en el territorio para que la ley sea aún más garantista. Logramos, por ejemplo, un incentivo a la participación: que la Unidad de Víctimas, las gobernaciones y alcaldías hicieran convenios con entidades de educación para fortalecer los liderazgos”, expresó en una entrevista para El País de América.