JEP ratifica imputación por el delito de esclavitud al exsecretariado de las Farc

El Tribunal para la Paz de la JEP avanza en el juicio contra el antiguo secretariado de las Farc por haber cometido crímenes de guerra de toma de rehenes, y de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, tortura y otros actos inhumanos, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud, entre otros, esto dentro del macro-caso 01 de secuestros.

Después de hacer una minuciosa evaluación a la resolución de conclusiones del caso de secuestros el Tribunal para ratificó la imputación hecha por la Sala de Reconocimiento de Verdad en cuanto estableció que el crimen de esclavitud fue un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

Se determinó que existen méritos para considerar que los miembros del antiguo secretariado de las Farc seleccionados como máximos responsables, incurrieron en la comisión de crímenes de lesa humanidad de tortura y otros actos inhumanos, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud.

En su evaluación de correspondencia, el Tribunal consideró que la actuación cumplida por la Sala de Reconocimiento de Verdad es apta para que la Sección con Reconocimiento prosiga con la etapa de juicio.

Próximamente será convocada una Audiencia de Verificación y posteriormente el Tribunal para la Paz proferirá las primeras sanciones de la JEP.

La esclavitud como crimen de lesa humanidad

En el análisis se pudo constatar que quienes integraron el último secretariado de las Farc son responsables por mando de las conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad de esclavitud derivadas de la política general de secuestros que adelantó la organización, pues ellos tuvieron conocimiento de que los trabajos forzados impuestos fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático.

Los trabajos forzados impuestos por los miembros de las antiguas Farc se caracterizaron por la imposibilidad de las víctimas de cambiar su condición por el temor, las amenazas y las restricciones físicas a su libertad individual que anularon su personalidad jurídica como individuos.

La Sección de Reconocimiento ratificó que en esos casos las víctimas fueron forzadas a realizar trabajos en contra de su voluntad ya sea como castigo, control territorial o para favorecer a la organización.

La afectación para las víctimas

En la investigación del macro-caso 01 de secuestros se evidenció que las víctimas directas e indirectas padecieron menoscabo de sus derechos en una dimensión material e inmaterial. Esto quiere decir que hubo pérdida de bienes y proyectos de vida, así como de relaciones humanas.

Las víctimas sufrieron serias consecuencias a su integridad física, psicológica, psíquica y moral, como consecuencia de los malos tratos y de los crímenes concurrentes sufridos durante el secuestro. También padecieron de la estigmatización durante y después de su privación de la libertad, en asociación al secuestro como una forma de castigo.

Los integrantes del último secretariado de las Farc

Rodrigo Londoño conocido durante el conflicto armado como Timochenko: Fue el último comandante en jefe de las Farc. Se le imputó, y el compareciente reconoció, su responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente.

Pastor Alape: Fue comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc desde su creación en 1993, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. La JEP le imputó, y el compareciente reconoció, su responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente por las unidades militares a su cargo.

Milton de Jesús Toncel, conocido Joaquín Gómez: Fue comandante del Bloque Sur de las Farc desde 1993, al asumir ese rol desde la formación de esa estructura en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, hasta su reincorporación a la vida civil. Fue miembro del Secretariado desde 2008 y del Estado Mayor Central desde 2005.

La Sala le imputó, y el compareciente reconoció, su responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente por las unidades militares a su cargo.

Jaime Alberto Parra conocido durante el conflicto armado como Mauricio Jaramillo o el Médico: Fue el último comandante del Bloque Oriental de las Farc desde 2010 hasta 2016. Desde 1993 era miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, y de 2003 a 2006 fue el segundo comandante del Bloque Oriental por debajo de ‘El Mono Jojoy’. El compareciente reconoció, su responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente por las unidades militares a su cargo.

Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Losada: Desde 1984 y hasta 2007 tuvo como responsabilidad la organización clandestina de las redes urbanas de las antiguas Farc en Bogotá, donde residió hasta el año 2000, cuando se trasladó a San Vicente del Caguán. Desde entonces y hasta 2007, según su propia versión, continuó desde zona rural de Cundinamarca y Meta bordeando el páramo de Sumapaz. La Sala le imputó, y el compareciente reconoció, su responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente.

Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo: Fue comandante de la Columna Móvil Alirio Torres y miembro del Estado Mayor del Bloque Móvil ‘Arturo Ruiz’ desde 1997. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el Occidente del país. Fue designado como titular del Estado Mayor Central de las Farc-EP en 2000 y en 2002 como comandante de la Columna Móvil Arturo Ruiz. Le imputó, y el compareciente reconoció, su responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente por las unidades militares a su cargo.

Rodrigo Granda Escobar conocido como Ricardo Téllez: fue designado integrante del Estado Mayor Central en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera en 1993. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En 2011 fue nombrado suplente del secretariado. La Sala de Reconocimiento le imputó, y el compareciente reconoció, responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes y de lesa humanidad de privaciones de la libertad por haber participado con otros comandantes en la adopción de la política de privar de la libertad a civiles, con el fin de cobrar dinero por su libertad.

El macro-caso 01 de secuestros

La JEP abrió el caso 01 el 4 de julio de 2018 y en su proceso investigativo ha logrado identificar a 21.396 víctimas de secuestro. El 26 de enero de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP imputó al antiguo secretariado de las Farc por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, entre otros. A partir de allí, el macro-caso pasó a llamarse: “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.”.

En junio de 2022, en la audiencia de reconocimiento realizada en Bogotá por siete integrantes del secretariado de las extintas Farc, asumieron de manera individual y colectiva su responsabilidad como coautores de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, y homicidios, así como la responsabilidad de mando de cada uno, según su trayectoria de mando ante las víctimas, la JEP y el país.

El 24 de noviembre de 2022, la Sala de Reconocimiento expidió la Resolución de Conclusiones sobre el Caso 01. Dos meses después, en enero de 2023, el Tribunal para la paz asumió competencia para conocer e iniciar la fase de juicio de la JEP.

En este caso las Farc no han aceptado plenamente el tema de la esclavitud, sin embargo, dice la JEP que en su conjunto si aceptaron, pero ellos pueden apelar la decisión, por lo que habrá que esperar para realizar esa audiencia y el posterior juicio donde se conocerá la primera sentencia en el macro-caso 01 de secuestros.

En el caso que todos los siete integrantes del último secretariado de las Farc acepten pagarán sanciones propias, que no son cárcel, que van entre 5 y 8 años.