Baja ejecución presupuestal, ¿qué dice del funcionamiento del Gobierno?

En Hora20 el análisis a luces y sombras del gobierno Petro en materia de ejecución, por un lado, las cifras que demostrarían la reducción de muertes por desnutrición en La Guajira, por otro, la baja ejecución del presupuesto que no permitiría la materialización de proyectos clave para este gobierno. El análisis al impacto político y los efectos de no ejecutar en inversión. Por otro lado, el panorama en un Congreso que aprueba reformas, leyes, espera salvar otras y busca crear bloques anticonstituyentes.

Mientras buena parte de la coyuntura del país y del mundo político ha estado concentrado en las reacciones del presidente Petro a las manifestaciones, en los últimos días se han publicado una serie de informes que darían cuenta de la baja ejecución del presupuesto en inversión para este año, así como la demora en la toma de medidas como es el caso de la Creg y la forma de evitar un racionamiento de energía. El último informe que se conoció es el de la Contraloría, el cual asegura que entre enero y marzo hubo una ejecución solo del 9,1% en inversión, muy por debajo del 11,4% del primer trimestre del 2023.

Para este año el presupuesto de inversión es de $99,3 billones de pesos, el cual tuvo un incremento del 19,4%, incremento que no se ha visto materializado en la ejecución en inversión, pues los sectores donde menos se ha invertido son: Presidencia con 0,5%, Ministerio de Vivienda 0,7% Ministerio de la Igualdad con 0,8%, Recreación y Deporte con 2,0%, Agricultura 2,6. Este panorama en 2024 no es distinto al del 2023, cuando según la Procuraduría solo se ejecutó el 71% de la inversión, muy por debajo del promedio histórico de 77% de inversión de otros años.

Esta situación de baja ejecución y de la demora en materializar planes clave del gobierno podría impactar no solo la imagen del gobierno, sino los planes de inversión en adelante, pues según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para el anteproyecto de presupuesto general del 2025, hay un recorte de $35 billones en inversión, siendo los sectores de recreación y deporte, cultura, agricultura y vivienda los que tengan mayores recortes, justo los que ahora tienen menor ejecución.

El Plan Nacional de Desarrollo casi un año después de haber sido aprobado por el Congreso no tiene avances en cerca del 72,3%, pues cera del 23,2% de los indicadores estaría en 0, según una investigación realizada por Portafolio.

Lo que dicen los panelistas

Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que sólo se ha girado el 9,1% en inversión, “pero se ha avanzado en otros compromisos y contratos firmados para ejecutar proyectos, entonces hay que reconocerle al Gobierno el avance en temas como reducción de la pobreza o la desnutrición”. Resaltó que el programa de Jóvenes en Paz no ha comenzado la entrega de recursos, cuando se anunció desde el año pasado, “en esa medida, el Gobierno debe ser más efectivo con estos programas bandera para llegar a jóvenes, mujeres y regiones apartadas”.

Manifestó que el Estado siempre va a trabajar con concesiones viales, “pero en el tema de las EPS que se venían acabando por los carteles, financiando campañas, ahora se le echa la culpa al Gobierno cuando se ha aumentado la UPC”, pues argumentó que en 2023 se aumentó en 16% la UPC y la inflación fue del 9%, “en términos reales subió 3 puntos más. El Gobierno ha invertido más que otras administraciones en aumentar la UPC”.

Para Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y columnista, hay dos grandes instrumentos como la ley de presupuesto y la de contratación, “el de presupuesto es sencillo porque es deductivo donde los gobiernos plantean planes, unos programas, el desarrollo y la ejecución de proyectos”, ante esto, dijo que en este Gobierno son buenos para los planes, “el PND tiene audacia e instrumentos maravillosos, pero les cuesta trabajo por el fanatismo político y por la ignorancia técnica aterrizar esos planes en los programas y proyectos”. De hecho, dijo que el enemigo interno es el Estado de derecho, pues señaló que para administrar la cosa pública hay que conocer las normas y el Estado de derecho, “no solo basta las buenas intenciones”, afirmó.

María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, exviceminsitra de Minas y Energía, abogada y experta en asuntos públicos, advirtió que hay un problema de inexperiencias en lo público, “en el ejercicio de lo público se cree que es un montón de políticos corruptos, pero hacer gestión pública es complejo y hay que ser técnico en esto”. También dijo que mucha no ejecutoria se da por falta de experiencia, los cargos con mucha rotación y los temas como el de vivienda donde los cambios planeados no se han dado, “hay programas del Gobierno que no llegan a los ciudadanos y eso sí debe preocupar. Lo vemos en las regiones con algunas apuestas de infraestructura o sociales y que no llegan a la población”.

De hecho, señaló que parte de la preocupación de fondo es que el ciudadano que recibe apoyos y subsidios como el de vivienda o que depende de una infraestructura hospitalaria, no viva una transición organizada en medio de los cambio.

Para Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del Cerac, el Gobierno deberá ponerse a gobernar por programas y proyectos porque de lo contrario no se va a ver ningún resultado, “lo que sucede es que este Gobierno le puso mucha energía a gobernar vía reformas”. Aclaró que en esta administración no se han diseñado programas y políticas que permitan cambiar la vida de las personas, entre esos, el Plan de Desarrollo. Sin embargo, dijo que no le preocuparía tanto un bajo nivel de ejecución porque eso demuestra que funciona los controles estatales para que no se malgaste la plata.

De otro lado, detalló que el problema está en que no hay capacidad en términos de directivos ni en el diseño de programas, “les toca volver a programas que se han ejecutado en el pasado, el caso de carrotanques en La Guajira es un ejemplo”.