Consejo de Estado condenó a Fiscalía a pagar más de $395 millones de pesos

El ente acusador deberá reparar a un ciudadano acusado de promover un paro armado de la desmovilizada guerrilla de las Farc

La alta corte exhortó a la Fiscalía General de la Nación a pagarle al ciudadano Quintiliano Ramos Vargas y a su familia, una suma superior a $395 millones de pesos. Esto como reparación por haberlo acusado de promover, para el año 2002, un paro armado a nombre de la ahora desmovilizada guerrilla de las Farc.

El demandante había sido capturado el 2 de octubre del 2007. Allí fue acusado de los delitos de extorsión y rebelión. El 3 de septiembre recuperó su libertad, gracias a que el Juzgado 1º Penal de Ibagué lo declaró inocente, pues consideraba que "las acusaciones se basaban en indicios poco sólidos sobre la pertenencia o afinidad del procesado para con el grupo insurgente".

Por ello, Ramos interpuso una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo del Tolima, con la intención de que la Fiscalía resarciera el daño causado con la detención. Sin embargo, el Tribunal consideró que la medida privativa de la libertad se justificaba y negó las pretensiones de la demanda.

Tras la negativa de la Fiscalía, el afectado interpuso el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, que revocó esa determinación y declaró al organismo de investigación responsable del daño, basándose en "indicios que no eran contundentes sobre la participación del detenido en las conductas delictivas que se estaban investigando".

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