Fiscalía debe vincular a entidades afectadas por Odebrecht

El Tribunal de Bogotá aseguró que es inaceptable que las entidades afectadas con los sobornos no hagan parte del proceso.

El enredo para la Fiscalía está en el capítulo que hace dos años dejó como capturada a Básima Elias, prima del ex senador Bernardo Miguel Ñoño Elías. Los investigadores solicitaron la preclusión, que cerraran la investigación, y un juez negó esa posibilidad. 

La Fiscalía apeló y el caso llegó al Tribunal de Bogotá que hizo varias advertencias al ente investigador: 

Jueces no notarios

El magistrado del Tribunal le dice a la Fiscalía que la mera solicitud para cerrar una investigación no es suficiente para que un juez la ordene. Deben cumplir con los requisitos mínimos para exonerar de responsabilidad a un procesado.

En criterio del Tribunal los jueces no son simples “piedras” en las audiencias judiciales, ni actúan como notarios de la Fiscalía.

Básima sabía

Para el magistrado, y el juez que negó el cierre de la investigación, existe material probatorio que demostraría como la prima del ex senador ñoño Elías sabía del origen de los recursos entregados por Otto Bula.

Las declaraciones que están en el proceso indican, en concepto del magistrado, que hubo un plan criminal para esconder o buscar una forma ilegal de llevar el dinero hasta las manos del senador Elías.

Fiscalía “errática”

Tras negar la preclusión en el caso de Básima Elías el magistrado le dice a la Fiscalía que debe cumplir con su función constitucional: investigar y juzgar.

Incluso hace una reflexión al considerar que son muchos los esfuerzos para luchar contra la corrupción, esfuerzos que se nublan con peticiones como cerrar investigaciones cuando existe evidencia de lo contrario, por eso le pide mayor vigilancia a la Procuraduría.

¿Dónde están las víctimas?

Dice el magistrado que no entiende por qué en este capítulo del escándalo de Odebrecht no hay víctimas acreditadas, entendiendo que fueron varias las entidades del Estado las afectadas con los actos de corrupción.

Le ordena a la Fiscalía adelantar las diligencias para que las entidades se acrediten como víctimas y así puedan exigir una reparación integral en favor del Estado.

En la misma decisión le pide a la Contraloría que ejerza control y vigilancia de cara a resarcir los perjuicios económicos que provocaron los sobornos ofrecidos por la multinacional.

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