El medio ambiente y la vida: demanda que estudiará Consejo de Estado

Este lunes, comunidades indígenas de La Guajira, junto con los senadores Aida Avella, Feliciano Valencia e Iván Cepeda, se darán cita en el Palacio de Justicia para entregar detalles de la demanda que interpusieron ante el Consejo de Estado sobre los impactos ambientales que deja la minería en esa zona del país.

Este grupo de comunidades, ambientalistas y senadores se unieron para presentar la acción que fue conocida y aceptada por la Sección Primera de la Corporación. La solicitud del colectivo es que se decrete la nulidad de la licencia ambiental otorgada a la empresa Carbones del Cerrejón para sus actividades de explotación en La Guajira.

Según los demandantes, el permiso ambiental con que cuenta el Cerrejón para su operación tiene al menos 40 años de funcionamiento, y ha sido objeto de más de 60 modificaciones.

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Expresaron que la licencia original fue expedida mediante una resolución en 1983 por el Instituto Nacional de Recursos Naturales y Renovables del Ambiente (Inderena), y a lo largo del tiempo la mina se fue expandiendo y absorbiendo a los demás proyectos mineros de la región, hasta que en el año 2005, se unificó toda la explotación.

Así las cosas, lo que piden los demandantes con su acción es que revisen esta última modificación, que a su juicio, se llevó a cabo sin el debido nuevo Estudio de Impacto Ambiental, que es necesario para mofidicar el proyecto.

Dentro del texto de al menos 300 páginas, los demandantes incluyeron resultados de los estudios científicos sobre la contaminación, afectaciones en la salud e impactos negativos en el ambiente por la explotación de carbón, así como hallazgos e informes oficiales donde se evidencia la negligencia y la falta de control y seguimiento con la que opera este proyecto.

La acción recoge, de igual manera, los impactos verificados que ha tenido y tiene esta explotación carbonífera sobre el departamento de La Guajira y sus habitantes: el pueblo milenario Wayuu y las comunidades afrodescendientes.

Para los demandantes, este proyecto minero ha dejado desplazamiento forzado de las comunidades afro de Tabaco, Patilla y Chancleta, las afectaciones en la salud de Moisés Guette Uriana, de otros niños e integrantes del Resguardo de Provincial, el Estado de Cosas Inconstitucional y la responsabilidad de la mina por haber explotado la zona productiva de la baja Guajira. Así como el desvío de los Arroyo Bruno y Tabaco y del río Palomino, y la contaminación y el uso desmedido de las aguas.

“Es necesario señalar que la acción de nulidad va dirigida a encontrar la responsabilidad de la mina Cerrejón por la crisis humanitaria, la pérdida de seguridad alimentaria y la escasez de agua que ha ocasionado la muerte de 5000 niños y la desnutrición de 40.000 más”, expresaron los demandantes.

Además de la revisión de lo mencionado, la demanda también solicita medidas cautelares que suspendan cualquier trámite de modificación de la licencia, es decir, una expansión de la actividad de explotación de carbón, hasta que las autoridades ambientales no constaten la protección de los derechos colectivos e individuales afectados con esta autorización, teniendo en cuenta el detrimento ambiental, económico y las graves afectaciones a derechos humanos que se están ocasionando sobre la población.

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