Alvaro Uribe Velez

Los argumentos del Consejo de Estado para negar tutela de Lombana

Se conoció fallo con el que corporación le negó definitivamente posibilidad de volver a ser ponente dos casos de Uribe por manipulación de testigos.

El consejero Julio Roberto Piza ya firmó la decisión de negar, en segunda instancia, la tutela que interpuso la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en contra de la recusación que la separó de los dos procesos contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Con la tutela, argumentaba Lombana, que sus compañeros de la Sala de Instrucción se excedieron al cuestionar su imparcialidad por ser –al momento de asumir los casos de Uribe-, miembro activo de las Fuerzas Militares, pero para el Consejo de Estado, no se vulneraron sus derechos.

“Resulta razonable que la Sala Especial de Instrucción hubiese concluido que el hecho de que la señora Cristina Eugenia Lombana Velásquez tuviera, al tiempo, la condición de militar en servicio activo y magistrada de la Corte Suprema de Justicia generaba una duda razonable sobre la falta de imparcialidad, en la medida que, como se concluyó en las providencias acusadas, la situación administrativa de la magistrada generaba implicaciones jurídicas respecto al principio de separación de poderes y desconocía el numeral 2 del artículo 151 de la Ley 270 de 1996”, se lee.

La ley citada precisamente establece que es incompatible que un miembro de la Rama Judicial tenga “la condición de miembro activo de la fuerza pública”. Una norma que señalan en la sentencia, fue ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996. Pero también señala que hicieron bien en tener en cuenta normas internacionales para recusarla.

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“La sala estima que, en los términos exigidos por la Corte Constitucional, la autoridad judicial demanda cumplió con la carga argumentativa requerida para apartarse del precedente que señala la taxatividad de las causales de recusación e impedimento, por cuanto advirtió que, para resolver la recusación, dichas causales resultaban insuficientes y era necesario acudir a estándares internacionales sobre la garantía de la imparcialidad judicial”, se lee en la decisión.

Dice el Consejo de Estado también, que una recusación no implica que se vulnere el derecho al buen nombre como lo decía Lombana.

“Hay que precisar que el hecho de que prospere una recusación que pesa sobre el juez o funcionario no supone, por sí, la vulneración del derecho del buen nombre, como lo aleja el demandante. (…) Es un mecanismo previsto por el legislador para garantizar que las decisiones judiciales o administrativas, según el caso, se adopten conforme con los principios de independencia e imparcialidad”, se lee.

Y agrega: “Tampoco puede significar que se desconozcan las cualidades profesionales y personales del funcionario recusado ni que se afecte el concepto que los demás tienen con respecto a la persona recusada”.

La opción que le queda a la magistrada es que la Corte Constitucional elija esta tutela para pronunciarse al respecto.

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