Organizaciones criminales financian campañas políticas en 106 municipios

La Fundación Paz y Reconciliación presentó su primer informe sobre candidaturas polémicas y cuestionadas a pocos meses de las elecciones del 27 de octubre. En esta primera muestra hubo hallazgos importantes y según el subdirector de esta fundación Ariel Ávila, lo relevante es que hay financiación de grupos armados ilegales en algunas regiones para campañas políticas.

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“Hay unas zonas, 106 municipios, en donde hay organizaciones criminales financiando campañas políticas, incluso con carteles mexicanos. Hemos encontrado estructuras como el Clan del Golfo, los Caparrapos y otros más aunque también hay narcos directamente”.

Aseguró que en la investigación que se hizo de 250 candidatos de las regiones más complejas del país se detectó un número de aspirantes cuestionados. “Un total de 98 candidatos cuestionados que están divididos en 53 casos de corrupción, 38 por investigaciones con grupos paramilitares o ser herederos de la parapolítica y siete más que son apoyados por organizaciones criminales”.

Aunque en principio el número de 98 candidatos resulta menor por el gran número de aspirantes que hay en todo el país, lo cierto es que la fundación hará más informes haciendo investigaciones en otras regiones del país. “Estos candidatos cuestionados han privilegiado sus campañas a través de la recolección de firmas para presentarse. La hija de ‘Kiko Gómez’, por ejemplo, se fue por firmas. Además hay un gran número de coaliciones”.

Ávila señaló que han “encontrado partidos políticos que son fábricas de avales y que son manejados por políticos cuestionados o que están en la cárcel. Hay un partido que se llama ADA y que está detrás de esto el Tuerto Gil y Juan Carlos Martínez Sinisterra; hay denuncias de cobros hasta de 150 millones por aval en esta colectividad”.

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Finalmente indicó que se han encontrado focos de corrupción a lo que denominó un nuevo ‘Odebrecht’ `para sacar gruesas sumas de dinero de las regiones. “Hay un mecanismo sofisticado de corrupción en alcaldías y gobernaciones en el que se crean una empresa de economía mixta, esta firma con el Estado y luego para ejecutar el contrato firma con empresas de papel”.