¿Qué pasa en la política de Perú?

El presidente Martín Vizcarra anunció el pasado 28 de julio un proyecto constitucional para poder adelantar las elecciones presidenciales con el fin de que se realicen en el 2020 y no el 2021. Este fue entregado al Congreso el miércoles pasado. Para que la propuesta del presidente se pueda realizar debe ser aprobada por el Congreso peruano y luego ratificada por medio de un referéndum.

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Desde que Vizacarra asumió el mando en marzo del 2018, las cosas no han sido fáciles. El mandatario llegó al poder con la responsabilidad de lograr mermar la crisis institucional que vive el país desde que el Congreso impulsó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia por su relación con el caso de corrupción de Odebrecht.

Pero la clave para entender el problema está en la influencia y el poder que tiene el Congreso puesto que se conforma en su mayoría por la oposición fujimorista. Vizcarra, cuando anunció este proyecto el domingo pasado, manifestó que el ejecutivo ha encontrado obstáculos fuertes para poder sacar la reforma política adelante. El mandatario creo en diciembre de 2018 una “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política” y, además, presentó doce proyectos en torno a la lucha contra la corrupción.

El presidente ha expresado en varias ocasiones que los congresistas manifestaron su apoyo a las reformas solo de palabra pero que a la hora de los hechos no se ve un avance sustancial. Esto también ha motivado a la ciudadanía a exigir la disolución del Congreso.

La copa que rebosó el vaso fue la no aprobación de la reforma constitucional de Inmunidad Parlamentaria propuesta por Vizcarra la cual planteaba la creación de otra instancia para juzgar y detener a los congresistas, puesto que, actualmente, el mismo Congreso es quién mantiene esta competencia en su fuero.

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La crisis se agudiza más en el Perú y las medidas tomadas por el presidente son la mejor representación de esto. Sin embargo, muchos expertos políticos aseguran que no es tan fácil acortar el periodo presidencial por medio de una reforma puesto que para hacerlo se necesita votar este proyecto en dos legislaturas: una en agosto y otra en febrero; y, si se llega a lograr, un mandato en cabeza de un nuevo jefe del ejecutivo no asegura una mejora en la situación crítica del país.