El 39 % del total de desplazamiento de Colombia se da en la Costa Pacífica

La Defensoría y la Procuraduría le dijo a la Corte que hay abandono y descoordinación estatal.

En el marco del seguimiento que realiza la Corte Constitucional sobre el desplazamiento forzado en el Pacífico luego de que la sentencia T-025 de 2004 declarara el estado de cosas inconstitucional, víctimas, entes de control y representantes del Gobierno hablaron de cómo se vive este flagelo hoy.

La Defensoría no dio un panorama alentador, por el contrario indicó que aumentaron los grupos armados tras la firma del acuerdo de paz.

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“Quiénes están en esas zonas de Chocó, Valle, Cauca, Nariño. Están las disidencias de las FARC, está el ELN, y algo nuevo que nace después del acuerdo de paz, 17 nuevos grupos”, afirmó.

Insistio que en el ‘Andén del Pacífico’ no llegó la paz: “La Defensoría del Pueblo entre el primero de enero de 2018 y julio de 2019 ha registrado 57 eventos de desplazamiento masivo para más de 21 mil personas”.

Afirmó que el 39 % del total de desplazamiento de Colombia se da en la Costa Pacífica, siendo zona más afectada la Costa Nariñense con un 58 %, Chocó le sigue con el 33 % y luego sigue en la lista la zona Cauca

Mientras tanto, el Pueblo Jiw, dijo, se sigue trasladando al departamento de Guaviare y Meta porque en su territorio se está colocando minas antipersonales. Y pese a todo esto, las víctimas no han sido reparadas.

También es importante contar que a pesar del trabajo de la Corte Constitucional de sus autos, de las sentencias, el Estado no ha reparado a las víctimas”, afirmó.

El procurador delegado para asuntos étnicos, Richard Moreno, señaló por su parte, que no se aplica el enfoque diferencial en favor de las comunidades y además falta de recursos.

“Podemos afirmar categóricamente que la población étnica del Pacífico, en este caso particular, está siendo revictimizada por la forma inadecuada e insuficiente como se le está tratando”, afirmó Moreno, indicando que por esta época las víctimas se convierten un botín político.

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Los representantes de víctimas coincidieron en la falta de coordinación por parte de las autoridades y en que sigue en aumento las amenazas a líderes sociales.

Dijo el Defensor que en el país hay 1351 líderes asesinados y que si, “no le damos más recursos a la Unidad Nacional de Protección va ser imposible atender todas las necesidades”.

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