El "Ejército" privado del alcalde de Tocancipá

El mandatario suma más de $15.000 millones en contratos con dos empresas de seguridad privada.

Desde que llegó a su segundo mandato en la Alcaldía de Tocancipá, Walfrando Adolfo Forero, dejó la seguridad del municipio en empresas privadas y con contratos anuales.

El primer contrato se firmó en 2016 con la Unión Temporal P&S y por un valor de $2.264 millones y con dos adiciones por más $580 millones. El objeto de ese contrato es:

En adelante y de forma anual se firmaron tres contratos con la Unión Temporal S2 Tocancipá y los tres con adiciones, el último de esos contratos por $3.863 millones y que sumado a los otros llegó a los $15.000 millones.

Si bien los contratos tienen asuntos de relevancia para la seguridad de las instalaciones públicas no explica por qué a los vigilantes se entregan zonas de patrullaje y con armas "no letales".

Los ciudadanos en Tocancipá denunciaron que los vigilantes salieron de las instalaciones, se mueven en motos, usan uniformes que se diferencian muy poco del Ejército, requisan a las personas, solicitan documentos y hasta detienen vehículos.

El asunto está por estallar pues los ciudadanos empiezan a enfrentarse a los vigilantes que en muchas oportunidades acompañan los recorridos de la Policía, así quedó registrado en varios vídeos.

La duda de los ciudadanos es conocer con certeza los alcances y funciones de ese grupo de vigilancia que en Tocancipá les tienen el apodo de los "Pentas".

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Qué dice la Policía

Desde el comando del departamento de Cundinamarca aseguraron que los videos que reflejan la molestia de los ciudadanos son de 2016 y que a la fecha no tienen denuncias sobre supuestos abusos de autoridad de los vigilantes.

El alcalde

Walfrando Adolfo Forero está en su segundo mandato en la alcaldía de Tocancipá, en los dos con líos en la justicia.

La Fiscalía lo investigó y capturó por presuntas irregularidades en contratos durante su primera alcaldía y mientras el director anticorrupción era el señor Luis Gustavo Moreno.

El alcalde tuvo como abogado un jurista muy reconocido, que fue fiscal y luego “alfil” del bufete del ex magistrado Leonidas Bustos, muy mentado en los procesos del “cartel de la toga”.

Este mismo año la Procuraduría abrió pliego de cargos contra el alcalde por un presunto incremento patrimonial injustificado.

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