“Mejor condenados que muertos”

Mucho se ha dicho sobre las interceptaciones ilegales, las amenazas, sobornos y hasta multinacionales en un entramado de corrupción al interior de la Fiscalía y la red de chuzadas de Nariño, Caracol radio encontró demás un pacto de silencio entre los involucrados, prefieren una condena a tener que declarar

Los investigadores destaparon un entramado criminal que incluyó a funcionarios judiciales, empresas privadas y públicas, militares, policías y particulares, todos interesados en conocer información reservada a cambio de millonarios pagos.

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Los investigadores tienen un problema para avanzar en la desarticulación de esta red de corrupción que enreda a funcionarios del ente acusador, a particulares y empresas privadas y públicas, se trata de un llamado “pacto de silencio”.

Para los fiscales con la captura de Luis Gómez Góngora, jefe de la sala Diamante y del ex fiscal Fabio Martínez Lugo, apenas se destapa la red de corrupción. Fuentes de este proceso aseguran que están convencidos de la participación de más funcionarios del ente acusador y que todos tomaron la decisión de callar, incluso los capturados.

Hay un audio donde la Fiscalía explica cómo se le ofrece una negociación, que incluye libertad, para el señor Gómez Góngora a cambio de colaboración y éste prefiere ser condenado con tal de no revelar datos.

Ese silencio y la filtración de información dificultan la labor de investigación, pues cuando los fiscales creen acercarse a la red, los delincuentes – funcionarios ya los saben.

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Berkeley Research Group – BRG es la multinacional que en Colombia es representada por el ex director de inteligencia del Das Laude Fernández, capturado y luego beneficiado con la detención domiciliaria en el caso de “chuzadas” a Acdac y Codensa.

Esta multinacional reiteró que nada tiene que ver con las interceptaciones y que están atentos a colaborar con la investigación, sin embargo, sus oficinas fueron allanadas por la Fiscalía.

BRG firmó un contrato por 2.200 millones de pesos con la empresa de Energía de Bogotá y otro con Avianca, justo las dos empresas mencionadas en las interceptaciones ilegales.

La Fiscalía trata de establecer si entre los métodos usados por Laude Fernández se incluyeron las “chuzadas” o algo que llamó la atención de los fiscales: “inteligencia corporativa”

Los fiscales que estuvieron más de tres horas en las oficinas de BRG en Bogotá tratan de obtener pruebas que ayuden en las investigaciones en curso, pero además conocer que otras empresas o particulares acudieron a los servicios de la multinacional.

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Con la captura de sus propios funcionarios la Fiscalía descubrió que el escándalo es superior a las previsiones, que las salas de interceptación se dejaron al servicio ilegal de privados.

Los investigadores tienen más de 2.700 líneas telefónicas que están en auditoria y en ese barrido descubrieron las “chuzadas” al sindicato de Avianca, a directivos de Codensa, funcionarios de la Supersociedades y ex directivos de Cajas de Compensación.

No hay un patrón común en las victimas de las interceptaciones, lo que sí quedó claro es que las interceptaciones ilegales se convirtieron en un negocio al que cualquiera podía acudir, solo de tener como pagar.

Casos de infidelidad, de fraude empresarial o simplemente saber que están haciendo sus empleados, eran las solicitudes que llegaban a esa oficinal ilegal alojada en el bunker de la Fiscalía.

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La investigación que arranca con una orden de auditaría a las salas de interceptación a cargo de la oficina de control interno de la Fiscalía y que lidera Marcela Yépez, pasa a los investigadores de las “chuzadas”, los funcionarios que hacen esas indagaciones están bajo amenaza.

La revista Semana reveló que Yépez fue objeto de un atentado en el norte de Bogotá, pero no es la única que ahora padece las intimidaciones.

Caracol Radio conoció que los fiscales que se metieron en esta investigación y que descubrieron la red de corrupción, también son blanco de advertencias con policías falsos y personas que les toman fotografías en sitios públicos.

Incluso los testigos y víctimas de estas “chuzadas” fueron amenazados. Es el caso del abogado Felipe Jaramillo, alcanzado por un motociclista en la ciudad Pereira que le advirtió, mostrándole una foto de su familia, el peligro de seguir declarando en la Fiscalía.

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La Fiscalía descubrió una red de corrupción en el interior del sistema de interceptaciones, funcionarios que convirtieron su trabajo en un negocio ilegal al servicio de particulares o empresas.

Las investigaciones permitieron establecer que los funcionarios tenían un catálogo de servicios ilegales que arrancaban con las “chuzadas”, la posibilidad de meter una línea telefónica a las salas de interceptaciones a través de la orden de un fiscal y bajo la excusa de estar en el marco de una investigación.

El otro “servicio” que investiga la Fiscalía y que los funcionarios aprovecharon en su negocio criminal, es la filtración de documentos. Los fiscales que indagan en las “chuzadas” al sindicato de Avianca aseguraron que los interrogatorios eran filtrados al señor Laude Fernández, ex director de inteligencia del Das y representante en Colombia de Berkeley Research Group – BRG.

En ese catálogo de servicios la Fiscalía también descubrió que hasta modificaban, alteraban o manipulaban las interceptaciones. En otras palabras, utilizaban los audios al acomodo de su cliente, bien para favorecer como para perjudicar a alguien.

En ese capítulo los investigadores tienen una solicitud de la Corte Suprema de Justicia para establecer qué pasó con las interceptaciones en un proceso de connotación nacional y que involucra a los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe.

Son de preocupación las filtraciones y los funcionarios de la Fiscalía enredados en este escándalo, pero el principal objetivo de los investigadores son los clientes, quiénes acudieron a los funcionarios para meterse en las salas de interceptaciones y ordenar las interceptaciones.

Los fiscales también advierten que encontraron algunos tropiezos por cuenta de los jueces y en el caso de Luade Fernández, particularmente, que en dos oportunidades y luego de dos capturas, explicando las amenazas a testigos y la filtración de documentos, se niegan a la medida de aseguramiento en su contra.