El Consejo de Estado tumbó una condena que tenía que pagar el Estado por orden del Tribunal Administrativo del Chocó, la entidad directamente responsable era la Superintendencia de Servicios Públicos por presuntas actuaciones irregulares en la liquidación de la Electrificadora del Chocó, pero se probó que no existieron.

“Son 37 mil millones que algunos acreedores de la liquidación de Electrificadora querían que lo asumiera la Superintendencia y nuevamente los jueces de la República le han dado razón al Estado”, dijo el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez.

Los demandantes solicitaban que se declarara la responsabilidad de la Nación “al no haber sido suficientes los bienes de Electrochocó para cubrir la totalidad de los créditos reconocidos en la liquidación”.

El Consejo acogió el argumento que señalaba que las empresas demandantes conocían los riesgos de la compra y venta de energía en el mercado mayorista y que decidieron asumirlo, por lo que no podría atribuírsele esa responsabilidad a la Superintendencia.