Para decirle a uno que es encubridor de un crimen deben tener la sentencia

Botero se defendió de las acusaciones en la Moción de Censura en el Congreso, incluyendo señalamientos por conflicto de intereses.

Al ministro de la Defensa, Guillermo Botero se le otorgaron 50 minutos para defenderse de las acusaciones que le formularon algunas bancadas en el Congreso, durante el debate de Moción de Censura que se desarrolló en la plenaria de la Cámara de Representantes.

El funcionario basó su intervención en defender la institucionalidad del país, las actuaciones y la integridad de la fuerza pública, así como entregó resultados operaciones, asegurando que se realizan con el objetivo de la protección a la población civil y bajo el paraguas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El ministro Botero defendió las políticas actuales de las Fuerzas Militares y la Policía asegurando que muchas de ellas vienen de administraciones anteriores, y que las instrucciones que se han brindado no tienen estímulos adicionales a los que están establecidos y reglamentados en la ley.

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Frente a los señalamientos de los parlamentarios el ministro pidió que si se le acusan de los delitos de “encubrimiento y corrupción”, se presenten “las sentencias ejecutoriadas, yo supongo porque para decirle a uno que es un encubridor de un crimen, que es un delito consagrado en el código penal, deben tener la sentencia ejecutoriada”.

“Me imagino que les consta también que soy un corrupto y como tal debe existir otra sentencia, por corrupto, por actos de corrupción en estos 9 meses, que la traigan y la eximan”, reclamó el ministro de Defensa.

Frente al caso puntual del asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, dijo que nunca intentó encubrir el delito o engañar a la opinión pública y que por el contrario, se está apoyando a la Fiscalía en la investigación, como en otros casos.

Insistió en que en el momento en que ocurrieron los hechos tenía dos opciones, “callar o informar a la opinión pública lo que conocía”, y frente a la gravedad de lo ocurrido entregó las primeras versiones que había recibido.

“Desde un primer momento fui sumamente claro en que era una versión que daba el cabo, una realidad procesal del momento, que ha venido cambiando con el tiempo”, y que seguramente seguirá cambiando porque nada de lo dicho hasta el momento es “inmodificable” y a futuro podrán aparecer nuevos elementos. “Versión y veredicto no es lo mismo”. Agregó que siempre ha señalado que la Fiscalía será quien tenga la última palabra frente a estas investigaciones.

Por otra parte, calificó las acusaciones que varios congresistas recogieron sobre la columna de María Jimena Duzán durante el fin de semana frente a un presunto conflicto de intereses como infamias y aseguró que entregó la relación de bienes a la Función Pública, donde se relacionan las cuotas o partes de la sociedad Controlar Ltda. Situación que está plasmada en su declaración de renta que es pública.

Agregó que la Superintendencia de Vigilancia es una entidad descentralizada e independiente, que no está bajo su control, y su única competencia es sobre la elección del superintedente, para lo que se declaró impedido. Así mismo confirmó que desde el pasado 7 de agosto ha venido cancelando los contratos de esa empresa privada, con el fin de que no tenga ninguna actividad económica.

Otro de los señalamientos se hizo desde el Congreso por la estigmatización de la protesta social. En este punto aseguró que se le ha malinterpretado, y que ha buscado que en medio de la protesta social se protejan los derechos fundamentales de todos los colombianos.

Al final de su intervención y a propósito de señalamientos que se derivaron de la publicación del New York Times y el riesgo sobre el retorno de los “falsos positivos”, entregó un balance sobre la operaciones de la fuerza pública, asegurando que no existe una política de asesinato sistemático.

Explicó que entre el 1 de enero y el 16 de mayo de 2019 el 96,8 % de los resultados están representados en desmovilizaciones y capturas y solo el 3,2 % en muertos en desarrollo de operaciones militares. “Aquí no hay homicidios ejecutados por la fuerza pública”.

Entre diciembre de 2018 (desde el inicio de la nueva cúpula) y mayo de 2019, las operaciones pasaron de 1.641 a 2.186 más de 500 operaciones adicionales, con resultados de combates de 101 a 227 con un incremento del 124 %. El número de muertes es 67 contra 63 frente al periodo anterior, con 1 muerto cada 1,6 combates, “ahora se presenta un muerto cada 3,3 combates, es decir que los niveles de mortalidad en los combates han descendido de manera significativa”, puntualizó el ministro de Defensa.

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