Consejo de Estado pidió Comisión de la UNAL para definir futuro de fracking

El magistrado Ramiro Pazos Guerrero del Consejo de Estado, ordenó de oficio un informe pericial que deberá resolver la Universidad Nacional y cuestiona todo lo relacionado con el fracking. En principio el Consejo no consideró revisar el documento de la Comisión de Expertos que creó el gobierno para establecer la viabilidad de esta manera de extracción, pero por petición del Ministerio de Minas se aceptó el testimonio de tres representantes de dicha comisión.

Esto, por la demanda que interpuso en 2016 Esteban Lagos contra el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, que fijaron los procedimientos para usar esta técnica.

Vea también: La Contraloría no se opone al fracking si es responsable

El Consejo de Estado estableció que la Universidad Nacional cuenta con las capacidades para resolver las dudas, pese a que el mismo Ministerio antes mencionado cuestionó que fuera esta institución porque algunos egresados de la Universidad son coadyuvantes del demandante.

La Comisión ordenada por el Consejo de Estado debe ser interdisciplinaria y ninguno debe tener impedimentos. Además debe crearse en 15 días para que posteriormente, en tres meses, resuelvan todas las dudas.

Las preguntas que hace el magistrado son de nivel general, nacional, regional y local y sobre la idoneidad de la normatividad demandada con el fin de prever que se tengan en cuenta todas las posibles consecuencias de esta práctica.

¿Cuál es el debate que se presenta sobre la explicación mediante la técnica del fracking?, ¿de acepta por parte de la comunidad internacional el riesgo asociado a esta técnica?, ¿cuáles serían, están plenamente identificado?

Pide que si hay riesgos se aclare de tipo son humanos, de medio ambiente, aguas, comunidades, entre otros. Y, si los riesgos son previsibles y reversibles, entre otros.

Vea también: MinMinas: Debate del fracking no se puede realizar en Twitter

También pregunta sobre la explotación y exploración de yacimientos en Colombia, pidiendo que se aclare si los riesgos son previsibles, mitigables e irreversibles, y si se han presentado episodios de materialización de riesgos. Así mimo un balance socioeconómico de costo beneficio.

Pregunta si el fracking sería beneficioso en el país y cuáles serían esos beneficios a corto, medio y largo plazo, y cómo se pueden calcular los beneficios económicos, entre otros aspectos.

A nivel local pregunta cuáles son los impactos que tendría en la economía local, las formas de vida social y usos de recursos donde se aplique el fraking y cuáles son los químicos.

“¿Qué tipo de líquidos y de aditivos químicos se utilizan usualmente en la aplicación de la técnica del fraking y cuál es el grado de toxicidad, se conocen los que se inyectan en la utilización del fracking, cuáles son sus riesgos para la salud humana y la biodiversidad“.

Pregunta ¿cómo se evaluará el potencial efecto del fracking sobre la sismicidad de la zona?

Dentro de otras preguntas, también de refiere a temas a nivel mundial, como las referentes a los objetivos de reducir las emisiones de gases.

“¿Cómo afectará un eventual aumento de la acción petrolera y gasífera resultante del fracking, los compromisos adquiridos por Colombia para reducir las emisiones de efecto invernadero en 20 % para el 2030 señaladas en el Acuerdo de París?”, dijo el Magistrado.

Y también pregunta, “¿Cómo se justifica la iniciativa de impulsar la producción de hidrocarburos desde el punto de vista las emisiones de gases de efecto invernadero frente a la tendencia legal de avanzar urgentemente a la tendencia de economía descarbonizada?”.