Por estigmatizar, tumban delito que castigaba propagación del VIH

Organizaciones señalaron que quienes la propagan no saben que lo portan, sin embargo, hay otra norma que castiga este tipo de prácticas.

La Corte Constitucional decidió tumbar el artículo 370 de la Ley 599 de 2000 que señalaba que si una persona después de haber sido informada de estar infectada por VIH o de Hepatitis B realizara prácticas para contagiar a otras personas, como donar sangre, semen, órganos o en general de componentes anatómicos, pagaría prisión de seis a doce años.

La decisión la tomó la Sala Plena del alto tribunal por considerar que la norma no pasa el test de proporcionalidad pues no es una medida necesaria ni efectiva para el fin perseguido, pero además porque como lo reclamaba el demandante, estigmatizaba a una población determinada.

A esto, se sumó que en la misma Ley está el artículo 369, que castiga cualquier intención de infectar con cualquier tipo de enfermedad a otras personas. El mismo dice textualmente: “el que propague epidemia, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años”.

Para tomar esta decisión, la Corte tuvo en cuenta varios conceptos que señalaban que la penalización del VIH y la Hepatitis B genera más daños que beneficios, que los avances de la ciencia han logrado que mediante la terapia antirretrovital se minimicen los riesgos de contagio del VIH, y que las personas que tienen las enfermedades mencionadas se encuentran en debilidad manifiesta y son discriminadas.

Entre esos conceptos se incluyó el de ONUSIDA que rechazó cualquier tipo de penalización sobre quienes padecen el virus, porque quienes suelen contagiar no saben que tienen la enfermedad.

“Las leyes que penalizan la no revelación del estatus del VIH, la exposición potencial y transmisión del VIH a menudo no reconocen que la mayoría de las nuevas transmisiones de VIH se originan en personas que ignoran su condición de seropositivas (...) Las leyes que penalizan el VIH refuerzan el estigma contra las personas que viven con el VIH y otras personas más vulnerables a la infección por el VIH”

En estos procesos considera ONUSIDA que se puede llevar a cabo errores, como la aplicación selectiva de la ley, dificultades con la evidencia y la prueba, violaciones de la confidencialidad y la privacidad y la evaluación no informada del riesgo y los daños por la infección por VIH.

Sin embargo, para la Procuraduría, contrario a lo dicho por el demandante, la norma no violaba el derecho a la igualdad.

“El tipo penal contenido en el artículo 370 de la Ley 599de 2000, es claro al establecer que para incurrir en el delito deben comparecer elementos tales como el dolo o la intención de causar el daño antijurídico, que para este caso es propagar el virus”. Consideraba que si una persona tiene relaciones con su pareja y no la contagia por estar en tratamiento o porque usaba medidas de protección no se cometía el delito.

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