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Senado no debió contar las curules de Aida Merlano e Iván Márquez: Corte

La Corte explicó por qué en el Senado sí se tumbaron las seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP.

La Corte Constitucional explicó por qué las seis objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP sí se cayeron en el Congreso de la República, pese a que la Mesa Directiva del Senado aseguraba que no eran suficientes los 47 votos en favor de la ponencia que pedía tumbarlas.

El número de integrantes del Senado, explicó el ponente de la decisión Antonio José Lizarazo, es de 108 senadores y de estos había que excluir los 14 congresistas que se declararon impedidos, y los dos senadores que no se habían posesionado: Iván Márquez y Aída Merlano. Así las cosas, el número a tener en cuenta para sacar la mitad más uno era 94 y el Senado decía que eran 96.

“La Corte hace el análisis del alcance de la expresión ‘curules que no pueden ser reemplazadas’ para llegar a la conclusión de que los senadores que no se posesionan no tienen la capacidad jurídica para ejercer el cargo, para ejercer las funciones, que los cargos quedan vacantes temporalmente mientras se decide la pérdida de investidura por no posesión”, explicó el magistrado.

La Corte revisó en especial el caso de Aída Merlano, quien está bajo medida de aseguramiento porque está siendo procesada por presunta compra de votos, es decir, por delitos contra la seguridad democrática, y explicó que el artículo 134 de la Constitución menciona que especialmente las curules de procesados por ese tipo de delitos no pueden ser reemplazadas.

“Es decir, no solamente por la no posesión, sino por el hecho de encontrarse en esa posesión constitutiva de falta temporal, concluyó la Corte que había que restar esas dos curules adicionales para un total de 92 curules”, señaló.

En el caso de Iván Márquez no existe tal condición, pero debe definirse primero la pérdida de investidura para poder remplazar su puesto en el Congreso y él mismo ingrese al conteo de quórum.

En consecuencia, la Corte no entró a revisar de fondo cada uno de los ‘peros’ que tenía el presidente, y como la normatividad no tuvo modificaciones dijo la presidenta de la Corte Gloria Stella Ortíz, “la orden que se adopta es la de remitir al presidente de la República para su sanción tal y como el artículo 167 de la Constitución lo señala”.

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