Fallo de impugnación de condenas afectaría seguridad jurídica: magistrado

Un magistrado votó en contra de la sentencia que pide al Congreso regular procedimientos para impugnar condenas de segunda instancia.

El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal, fue el único que salvó voto en la sentencia que señaló que todos tienen derecho a apelar sus condenas, incluidos los que son absueltos en primera instancia y condenados en segunda, y hace un llamado al Congreso para que regule los procedimientos que permitan garantizar este derecho para todos, lo que incluiría a los aforados, es decir a congresistas.

Para él, sus compañeros se equivocaron al considerar que el ‘derecho a la doble conformidad’ como es llamado, tiene un carácter absoluto por el artículo 31 de la Constitución que dice que toda sentencia podrá ser apelada. Esto, porque: “(i) La disposición constitucional no regula de manera exclusiva la apelación de sentencias penales condenatorias, sino que se refiere en general a sentencias judiciales. (ii) La misma disposición constitucional señala de modo expreso que el legislador puede establecer excepciones a la posibilidad de apelar o consultar una sentencia. (iii) Salvo el derecho a la vida, los demás derechos fundamentales pueden ser restringidos”.

Bernal considera que en el caso particular que estudió la Corte no se estaba violando ningún precedente “porque ni la legislación procesal penal ni la jurisprudencia prevén que en los procesos penales sujetos a la Ley 600 de 2000 proceda la apelación en contra de las sentencias que condenan por primera vez en segunda instancia”. Por el contrario, se estaría afectando la seguridad jurídica.

“La consideración de que el derecho a la doble conformidad es absoluto, y puede aplicarse de manera retroactiva sin límites razonables en el tiempo, no solo restringe fuertemente la expectativa legítima de quienes, afectados por el delito, confiaron en la justicia penal y en la firmeza de las decisiones en las que entendieron que se habían hecho efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, sino que erosiona el deber estatal de perseguir y sancionar las afrentas cometidas contra bienes jurídicos especialmente relevantes”, se lee.

Para Bernal se afectó la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

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