La Procuraduría aclaró este jueves que no existe un principio de acuerdo Inassa, ni ninguna conciliación que pueda poner freno a la acción popular que se interpuso en contra de la compañía española, “en defensa de la moralidad y el patrimonio público en la Triple A”.

Sin embargo, se nombró a una agencia especial integrada por los procuradores delegados para la Conciliación Administrativa, el Ministerio Público en Asuntos Penales y Primero de Contratación Estatal, para que se revise una propuesta que presentó, denominado “Ofrecimientos, términos y condiciones de un proyecto de Pacto de Cumplimiento”.

Por ello, ha señalado que “en defensa de la legalidad, del patrimonio público y del derecho colectivo de los barranquilleros y los usuarios de la Triple A en el Caribe a acceder a la oportuna y eficiente prestación de los servicios públicos, analizará la propuesta presentada por Inassa y fijará su posición, que será de conocimiento de la opinión pública”.

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El Ministerio Público, le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos una vigilancia especial sobre el estado, oportunidad, cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos por parte de la Triple A de Barranquilla, actualmente administrada por la Sociedad de Activos Especiales - SAE, y a la administración de Barranquilla, que informe sobre las “acciones y propuestas para defender la inversión pública que tiene en Triple A, postura que además analizará el órgano de control con los representantes legales y delegados del Distrito en los órganos corporativos de la Triple A”.