Así transcurrió el día judicial más movido del año

La confirmación de una orden de captura, una extradición negada y la renuncia de la cúpula de la Fiscalía. Estos fueron los tres hechos que este miércoles sacudieron el panorama judicial y político del país. Todo tuvo epicentro en la Jurisdicción Especial para la Paz y el cimbronazo se sintió en el búnker, en Presidencia y en las Cortes.

A las 9:06 a.m., la magistrada Catalina Díaz, de la JEP, daba inicio a la tercera sesión de la audiencia en la que se definía la suerte jurídica de Hernán Darío Velásquez, ‘El paisa’. La decisión apuntó a que se ratificaba el levantamiento de las órdenes de captura en su contra, como lo pidió la Procuraduría, luego de los constantes incumplimientos del excomandante de la Teófilo Forero a los compromisos suscritos con los Acuerdos de Paz.

La magistrada explicó que “por no comparecer a contribuir efectivamente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad y a la reparación, incumplió sus obligaciones con el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, particularmente con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo de justicia de dicho sistema”.

Con este fallo la Policía, Fiscalía y Fuerzas Militares deben buscar a Velásquez Saldarriaga, arrestarlo y ponerlo a órdenes de la JEP. Mientras se leía esta confirmación, en la Corte Suprema de Justicia se escuchaba otra trascendental decisión relacionada con el Cartel de la toga y el envío a la cárcel del ex magistrado Gustavo Malo.

Todo apuntaba a que esas serían las noticias judiciales del día, pero a las 10:42 a.m. inició el terremoto. En su cuenta de Twitter, la JEP publicó el anuncio del caso Santrich, un dictamen que se esperaba desde diferentes sectores y por el que se suscitó mucha especulación en los últimos días.

“ATENCIÓN. @JEP_Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a @FiscaliaCol disponer libertad inmediata”, dice el texto del mensaje.

No había pasado un minuto y ya la cuenta del tribunal de paz estaba llena de mensajes, tanto a favor y en contra, por la providencia que puso fin a uno de los capítulos más esperados desde la captura del ex jefe guerrillero el 11 de abril del año pasado.

“La JEP considera que con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización”, fue uno de los argumentos más fuertes de parte de la JEP para resolver la situación jurídica de Santrich.

Durante el transcurso del proceso, entre idas y vueltas de papeleos jurisprudenciales, así como choques de trenes entre JEP y Fiscalía, uno de los episodios más llamativos tuvo que ver con la pérdida de una carta que se extravió en la que el Gobierno colombiano les pedía más pruebas a sus pares estadounidense sobre el caso del ex jefe de las Farc.

Superado este incidente, catalogado de oso internacional, las autoridades de ese país respondieron que no enviaban más pruebas para que se anexaran al expediente. Sobre ese nuevo material, la JEP entró a analizar y a estudiar la solicitud de extradición que el gobierno de los Estados Unidos elevó porque, supuestamente, Santrich hacía parte de una organización aliada con capos mexicanos para enviar droga a ese país.

“La Sección de Revisión aclaró que la solicitud de pruebas tendiente a evaluar la conducta tiene como propósito determinar la fecha precisa de su realización, motivo por el cual no le corresponde efectuar juicios de responsabilidad penal, ni sobre la existencia o no de aquella. En consecuencia, en el caso en concreto nunca se concluyó que la conducta no existió, sino que, por falta de pruebas, no pudo evaluarla”, explicó la JEP.

En la deliberación de la JEP, dos magistradas salvaron su voto: Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez. En el acta quedó consignado de parte de López Díaz que “honrando la interpretación fidedigna del Acuerdo Final y sus propósitos, la Sección debió negar el beneficio de la garantía de no extradición (...) y remitir el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para continuar el trámite de extradición, como lo pidió el Ministerio Público”.

Mientras que la consideración de la magistrada Rodríguez apuntó a que la Sección debió haber solicitado otras pruebas que hubieren permitido establecer la fecha precisa de la comisión de la conducta que se estaba investigando.

Lea también:  Martínez: Santrich en libertad y la Fiscalía queda empapelada

 DESPACHADA DEL FISCAL

Mientras políticos y gremios reaccionaban al anuncio, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y la vice fiscal María Paulina Riveros entregaron una declaración que remató la jornada: la renuncia de los jefes del búnker. Visiblemente indignado y contrariado, Martínez Neira inició su intervención señalando que “progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación”.

En su exposición, el fiscal presentó su “renuncia irrevocable” al cargo ya que, según expresó, la providencia de la JEP es un desafío al orden jurídico que hace trizas la cooperación judicial internacional. “Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden”, añadió Martínez Neira.

La intervención del jefe del búnker no se extendió por más de dos minutos y solo unos pocos lograron tomar en vivo su declaración, ya que la misma no fue anunciada previamente, sino que apenas un minuto antes de iniciarla fue informada por parte de su oficina de prensa a los medios que cubren la fuente.

En su memorial, Martínez invitó a la ciudadanía a movilizarse en favor de lo que llamó una “defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”.

La despachada del fiscal también obedece a la petición de la JEP de abrir investigación en contra de funcionarios de la Fiscalía, ya que desde el tribunal de paz se sospecha que pudieron incurrir en error o caer en irregularidades durante el proceso judicial que se realizó en este tiempo.

“Se debe ordenar la compulsa de copias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura y la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación, según sea el caso, a raíz de las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia”, dice uno de los apartes del fallo de 148 páginas.

Al cierre de esta publicación aún se estaba por definir la salida de Jesús Santrich de la cárcel La Picota, ya que el auto de la JEP precisaba que debía ser de manera inmediata, pero un nuevo rifirrafe entre las dos entidades se originó en el transcurso de la tarde.

Por un lado, la JEP comunicó la decisión ante el búnker a las 2:34 p.m. de este miércoles. Pero desde el búnker y el Inpec no se obtuvo respuesta sobre la salida del exguerrillero. Esta puede ser la última pelea que se dé por cuenta del choque de trenes permanente que se generó entre el tribunal de paz y la Fiscalía por cuenta del proceso de Seuxis Paucias Hernández Solarte.

Lea también:  El nuevo fiscal encargado

Cargando