Nicaragua: un año de crisis que parece no tener una pronta solución

La represión por parte del presidente Ortega ha incrementado la división en el país.

Hoy se cumple un año de la crisis política, social y económica que vive Nicaragua, calificada como la peor en las últimas décadas, la cual no parece tener una salida próxima.

Durante todo este año que ha transcurrido entre protestas, movilizaciones y ataques por de grupos paramilitares y la misma policía contra la población civil, la cifra de muertos supera los 320, junto con los más de 2000 detenidos y alrededor de 62000 refugiados.

Lo que inició el pasado 18 de abril como una protesta en contra de una polémica reforma de seguridad social por impuesta por el presidente Daniel Ortega, ha desembocado en atropellos por parte de la autoridad e incertidumbre de hacia dónde se dirige el país centroamericano.

Después de aquella movilización la oposición se consolidó y desde entonces se ha manifestado en la calle en múltiples ocasiones exigiendo la salida de Ortega. La respuesta del mandatario ha sido la que está escrita en el manual del dictador que quiere atornillarse al poder, reprimir a los insurgentes.

Y esta represión no vino sin las acusaciones de violaciones de derechos humanos, hasta tal punto que el propia Ortega durante el mes de diciembre expulsó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de su país.

La persecución a periodistas como de Carlos Chamorro y el cierre de múltiples medios de comunicación ha sido el sello de la crisis que se ha dedicado a instaurar una censura a nivel nacional e internacional.

Por otro lado se ha intentado en múltiples ocasiones establecer un diálogo entre la oposición y el gobierno de Ortega, y aunque estos espacios se han dado, difícilmente se han podido llegar a acuerdos concretos que disminuyan la creciente crisis.

En un primer momento la iglesia católica presente en el país se ofreció como mediador, pero al final no se concluyeron los diálogos y se acrecentó la crisis. El último intento se dio a inicios de este año en los que EL Vaticano y la oficina de la OEA se prestaron para los diálogos. De este proceso solo se acordó la liberación de 770 presos políticos, y aunque la oposición pidió que se quitara la prohibición a las manifestaciones, el gobierno sigue considerándolas ilegales y continua reprimiéndolas.

En un año que ha transcurrido no se ha visto una mejoría en esta crisis aun cuando se ha presentado el espacio para dialogar. Junto con Venezuela existe incertidumbre de lo que pueda ocurrir mientras aumentan las sanciones económicas por parte de la comunidad internacional a los dos países.

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